LA reunión en Ámsterdam de los ministros de Interior de la Unión Europea para estudiar medidas conjuntas de protección del denominado espacio Schengen ante la continuada ola de refugiados que llegan a Europa confirma tanto la incapacidad de la Unión para sobreponer una política común a los intereses de los estados que la forman como el reiterado error de enfocar el problema de la inmigración desde el punto de vista de la seguridad. Pero, sobre todo, corrobora la ya flagrante degradación de los principios éticos que distinguieron a Europa durante décadas y la peligrosa deriva hacia la xenofobia que se adivina en no pocos de sus estados miembros. Tras los cierres de fronteras de hace semanas, ahora las alusiones de la ministra de Interior austríaca, Johanna Mikl-Leitner, a una exclusión de Grecia de Schengen para evitar considerar que los emigrantes llegados al país heleno sean redistribuidos por Europa; la idea de la creación de un cuerpo policial fronterizo de la UE que impida su entrada y hasta la negativa española a considerar dicho cuerpo pero no por favorecer la acogida sino por la única razón, según el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, de que “afecta a la soberanía de los estados”; o la segura aprobación hoy por el parlamento danés de una reforma de la ley de extranjería que permitirá incautar bienes a los refugiados para sostener su manutención; denotan hasta qué punto deforma Europa la realidad y confunde las vías de solución de un problema humanitario y de respeto de los derechos humanos y aplicación de la legislación internacional. Valgan algunos datos. Dinamarca recibió en todo 2015 un total de 21.000 refugiados, el 0,3% de su población; el millón de refugiados que llegó a Europa durante el pasado año -lo que no significa que hayan sido acogidos- no llega al 0,2% de los más de quinientos millones de habitantes de la UE (y ya en 2001, mucho antes de la actual crisis, solo Alemania y España recibieron más de 230.000); el volumen de ayudas previstas, que no dispuestas, es una parte ínfinitesimal (0,0000008%) de su PIB, y aún así Acnur y la OIM todavía solicitan 550 millones para hacer frente al torrente de refugiados sirios que huyen de la guerra, a la que no es del todo ajena la propia Europa, y la necesidad: trece millones de personas (56,8%) de una población de 22,8 millones. Las comparaciones, efectivamente, son odiosas.
