TRAS meses de ardua negociación, finalmente el Estado español ha reconocido la capacidad competencial de la comunidad autónoma vasca y, en concreto, del Parlamento para regular el derecho civil en todo el ámbito de Euskadi, abarcando a los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En virtud de este acuerdo forjado en la Comisión bilateral entre las administraciones vasca y española, el Gobierno del Estado no planteará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la competencia exclusiva en la regulación de las relaciones civiles en su ámbito y, en definitiva, de la extensión del Derecho Civil a todos los ciudadanos, independientemente del territorio de la CAV en el que residan. En la práctica, el reconocimiento de esta competencia -prevista, en todo caso, en el Estatuto de Gernika- que está recogida en la Ley de Derecho Civil vasco en vigor desde el pasado 3 de octubre, supone que si un ciudadano vasco fallece sin haber hecho testamento y sin que existan herederos legales, sus bienes recalarán en las instituciones vascas (Gobierno, Diputación y ayuntamiento correspondientes). El Ejecutivo español, por contra, consideraba que ese principio únicamente podía ser aplicable en las zonas regidas por el fuero de Bizkaia, y no para el resto, en cuyo caso esos bienes deberían ir a parar a las arcas de la Administración del Estado. Evidentemente, las implicaciones económicas del conflicto no eran la cuestión fundamental, ya que en el fondo se trataba de establecer la capacidad de Euskadi para fijar el concepto de vecindad civil vasca con carácter general a todos los ciudadanos de la CAV, aun preservando algunas singularidades en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Hay que recordar que la Ley de Derecho Civil vasco fue aprobada por el Parlamento con un amplio consenso y sin ningún voto en contra y supone la actualización y modernización del derecho foral, adaptado a las necesidades de una sociedad como la de Euskadi en el siglo XXI. La resolución del contencioso a favor de las tesis vascas es una buena noticia porque, más allá de la repercusión económica, implica el reconocimiento explícito de la capacidad normativa competencial vasca y ha sido posible gracias al diálogo y la negociación bilaterales entre Euskadi y el Estado, sin imposiciones y sin que finalmente haya tenido que intervenir el TC.