LA petición de penas por la Fiscalía Anticorrupción, en el caso conocido como de las tarjetas black, para la cúpula directiva de Bankia y Caja Madrid, con solicitud de cuatro años y medio de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno Aznar, Rodrigo Rato, y de seis años para su antecesor en la presidencia de la entidad bancaria, Miguel Blesa, por gastos indebidos de más de 12 millones de euros entre 2003 y 2012 desvela hasta qué punto el Estado español precisa de ser reciclado. No en vano, entre los 66 acusados por la Fiscalía, además del exvicepresidente Rato, una de las tres principales personalidades políticas del Estado durante siete años, y de Blesa, hombre de confianza del entonces presidente español José María Aznar, quien le situó al frente de Caja Madrid; se encuentran el exsecretario de Estado de Comercio de aquel gobierno, Fernández Norniella; el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno; el exjefe de la patronal, Díaz Ferrán; y entre otros diecinueve miembros y representantes del PP, once del PSOE, tres de IU y cinco y cuatro respectivamente de CC.OO. y UGT por participar, según el escrito de acusaciones del fiscal Alejandro Luzón, en un “sistema retributivo que carecía de todo amparo legal”. Sin embargo, esa exigencia de regeneración ni puede ni debe limitarse a los casi setenta imputados en la causa, ni siquiera al resto de imputaciones que, en torno a Bankia y Caja Madrid, se realizan sobre Rodrigo Rato y otros, ni al periodo al que se refiere la acusación fiscal, sino que debe extenderse a todo un modelo de actuación que ha considerado el ejercicio de la política y la gestión de la administración pública en sus distintos niveles como una oportunidad de aprovechamiento personal a la sombra de la aquiescencia, implícita o explícita -cuando no de la participación-, de los poderes del Estado, especialmente los relacionados con el PP, hasta el último gobierno de Rajoy. Y cabe apuntar al respecto la todavía inexplicada reunión que el pasado julio mantuvo en su despacho ministerial el todavía ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, con el propio Rato. Pretender, por el contrario, que la transformación regeneradora se quede en mero relevo generacional, pilotado por los mismos que han venido dirigiendo el Estado en décadas de descomposición ética y corrupción, es tanto como avalar la continuidad del modelo envilecido que escandaliza a la absoluta mayoría de los ciudadanos.