LA presentación por los principales partidos con representación en el Parlamento Vasco de sus propuestas sobre el futuro de nuestro autogobierno con la intención de debatirlas en la ponencia que se constituyó en marzo de 2014 para encauzar el debate al respecto denotan las diferencias que les separan a la hora de dar respuesta a lo que es exigencia de una amplia mayoría social: la revisión y actualización del estatus político de Euskadi. De hecho, el Partido Popular cuestiona la conveniencia de la misma, aunque diga avenirse al debate sobre la reforma del Estatuto, mientras que tanto PNV y EH Bildu como el PSE son conscientes de la necesidad de su actualización, pero en diferente grado. Sin olvidar, en todo caso, que la irrupción en las elecciones generales de Podemos como formación relevante en el panorama político vasco refuerza, en principio, esa mayoría social favorable a una revisión de la relación existente entre Euskadi y el Estado. Dicho esto, es necesario, sin embargo, señalar que esas distancias en los objetivos y metodologías que presentan las propuestas de quienes sí admiten canalizar los deseos de esa mayoría social dificultan sobremanera la consecución de una postura común. Pero la pretensión de que sea el Ejecutivo vasco quien presente en primer lugar una propuesta podría dificultar aún más los consensos, cuando la concreción de un acuerdo del más amplio respaldo político posible se antoja conveniente, si no necesario, a la hora de dar traslado de la propuesta al Estado y sobre todo a la sociedad vasca. Contrasta, además, con el rotundo rechazo y desprecio que recibió en 2005 la propuesta presentada por el Gobierno vasco del lehendakari Ibarretxe, a pesar de haber sido respaldada por la mayoría absoluta del Parlamento de Gasteiz. Por otro lado, la indefinición en la que se halla actualmente la gobernabilidad del Estado -y las consecuencias de su resolución en uno u otro sentido en la comprensión de la exigencia de actualización del autogobierno- marca asimismo los tiempos y posibilidades del acuerdo, por lo que condicionar el mismo a una reforma previa de la Constitución supone hoy por hoy eludir, siquiera temporalmente, la responsabilidad de responder a una exigencia que la sociedad vasca ha expresado de modo reiterado en lugar de sortear la imposición y la unilateralidad mediante el diálogo en la búsqueda de un deseable consenso.