UN año más, decenas de miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Bilbao -con su réplica en Baiona- para exigir el fin de la política de dispersión y alejamiento a la que están sometidos los presos vinculados a ETA, su traslado a cárceles cercanas a sus domicilios y la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos. Bajo el lema Derechos humanos, resolución y paz. Euskal presoak Euskal Herrira, la red ciudadana Sare logró reunir a una amplia y plural representación social en favor de una nueva política penitenciaria. La respuesta a la convocatoria volvió a ser multitudinaria, evidenciando de nuevo el clamor de la sociedad vasca en favor del respeto escrupuloso por los derechos humanos, también de las personas privadas de libertad. De ahí que al lema de la marcha quizá le sobrara la inconcreta apelación a “la resolución” -¿de qué?, cabría pregutarse- y a “la paz”, expresados de manera en exceso genérica, cuestiones que requieren mucho más que un cambio en la política penitenciaria, objetivo de la movilización. En cualquier caso, y más allá de la adhesión, participación, discrepancia o matización respecto a alguno de los elementos que rodean la manifestación -entre ellos, la evidente e indisimulada capitalización de la misma por parte de la izquierda abertzale-, es necesario reiterar incluso por obligación moral que, como reza la legislación española, el objetivo último de la pena de prisión debe ser siempre la reinserción y resocialización del recluso, algo que, objetivamente, se ve, si no impedido sí obstaculizado por el hecho de encontrarse a cientos de kilómetros de su entorno. Este alejamiento supone, por tanto, un castigo añadido tanto para el preso como para sus familiares, agravante no contemplado en ley alguna y que, de hecho, es claramente contrario a derecho, incluso al internacional. Por otra parte, el significativo hecho de que han pasado ya más de cuatro años desde que ETA anunciara el fin del terrorismo y de que durante todo este tiempo no haya tenido actividad violenta debería obligar a un replanteamiento de una política penitenciaria que, como se ha encargado de manifestar en múltiples ocasiones el propio Gobierno español, forma parte de la “política antiterrorista”. Sin terrorismo, no hay razón para mantener esta excepcionalidad. Por derecho, legalidad, humanidad y oportunidad política, los presos vascos -sean del signo que sean- deben estar en cárceles vascas.
