LA anulación por el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) de la decisión por la que la Comisión Europea (CE) declaró ilegal en 2013 el sistema de bonificaciones fiscales o tax lease a los astilleros y obligaba -finalmente a los inversores- a devolver dichas ayudas cuestiona profundamente tanto el celo comunitario mostrado por el entonces comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, como la actitud inicialmente contemporizadora del Gobierno español.
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