PRIMAR el respeto de los derechos humanos o primar el respeto a las inversiones empresariales es posiblemente una de las disyuntivas más radicales que las crisis abiertas a partir del 2008 mejor han ido definiendo. Y esta circunstancia queda en evidencia a poco que se repasen las sucesivas medidas que los gobiernos europeos han ido tomando en estos últimos años para enfrentar dichas crisis. Evidentemente, la respuesta se ha decantado, sin duda alguna, en favor de las segundas. Y, posiblemente, esta situación es una de las más diáfanas definiciones del neoliberalismo hoy dominante en Europa.
Hagamos un repaso sencillo y rápido de las principales medidas del gobierno español, de recortes de todo tipo de derechos, en la era de la austeridad (desde los laborales, pasando por la conocida como Ley Mordaza y hasta aquellos que afectan directamente a los derechos de las mujeres). Revisemos el comportamiento brutal de la Unión Europea ante los derechos más básicos a una vida digna del pueblo griego. Hurguemos un poco en cómo se pretenden priorizar los intereses de las transnacionales en los términos de negociación del Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa (TTIP). Los derechos humanos salen arrinconados y perjudicados de forma ostensible e innegable. Todo ello, y mucho más, se constata también a través de la desaparición de estos derechos de las agendas políticas, económicas y sociales de la inmensa mayoría de las élites, siempre en beneficio de la primacía de los intereses de las inversiones empresariales, financieras, del comercio.
Otros términos, otros tiempos Hubo un tiempo, no tan lejano aunque a veces así lo podamos sentir, en que por lo menos sobre el papel y en las grandes declaraciones de la clase política tradicional el discurso de la defensa de los derechos humanos era una constante, especialmente en Europa. También términos como cooperación, solidaridad, justicia social... primaban en dichas declaraciones. Eran los tiempos en los que este continente seguía presentándose ante el mundo como la cuna estos derechos. Y directamente se ligaban al concepto de democracia y entonces los discursos se remontaban hasta la Revolución Francesa o, más allá aún, hasta la Grecia clásica (esa misma tierra a la que hoy se obliga a primar el pago de las deudas sobre la dignidad de las personas). Casi llegamos a creer que, efectivamente, la preocupación por los derechos humanos era una realidad y una verdadera y sincera inquietud de la clase política.
Después llegó la crisis económica y la concatenación de ésta con las otras crisis (política, ambiental, social, de valores...) y el capitalismo aprovechó el momento no para una revisión crítica de sí mismo como sistema injusto, sino para agudizar su dominación. Se cayó la careta de tantos años, mantenida desde los finales de la II Guerra Mundial, y libre ya de control político alguno, se implantó el neoliberalismo, llegándose incluso a la destrucción del llamado estado del bienestar que tanto habían defendido esas mismas élites como seña de identidad de la vieja Europa.
Así, hoy, lo realmente importante para la clase política tradicional y, por supuesto, para las élites económicas (consejos de administración bancario-financieros y empresariales), radica en primar el respeto a las inversiones y la búsqueda del máximo de beneficio. Habría que añadir que estas prioridades también explican la preocupación por la seguridad jurídica de las empresas, lo que lleva a articular mecanismos que colocan los intereses de éstas muy por encima de las soberanías de los propios estados. Todo ello subordinando los derechos humanos, lo que se traduce automáticamente en una concentración brutal de la riqueza y en el aumento de la desigualdad como principio de la injusticia social, con la consiguiente desaparición del discurso y la práctica de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.
“Para el empresariado y sus generosas inversiones, todo”, parece ser el lema de esta era neoliberal. Para los demás, poco o nada. Así, a los primeros se les visita continuamente en sus sedes centrales, se comparte con ellos desayunos de trabajo, se les escucha con atención y se da eco a sus postulados por muy agobiantes que sean en sus demandas de nuevos pasos en la aplicación de medidas en contra de los derechos más básicos. A los segundos, pese a ser mayoría y quienes verdaderamente sostienen el mundo tal y como lo conocemos, nada. A lo sumo, declaraciones de buenas intenciones que nunca se traducirán en verdaderas prácticas si limitan mínimamente el margen de beneficios de los primeros.
Una noticia reciente Ejemplos de esta nueva realidad de la desaparición de los derechos los llevamos sufriendo en Europa durante los últimos años de forma acuciante. Por eso no entramos ahora a hurgar sobre ellos; no diríamos nada nuevo, nada que no sepamos, nada de lo que cualquiera de nosotros no pueda a su vez poner nuevos ejemplos. Sin embargo, y para no seguir mirándonos el ombligo solamente, ejemplifiquemos lo que decimos con una noticia reciente pero que seguro ha pasado desapercibida para la mayoría. Veremos dónde quedan los derechos humanos, unidos a solidaridad y justicia social, cuando se enfrentan a los intereses empresariales.
Se entiende que la llamada cooperación al desarrollo tiene, al menos en la teoría, sus componentes principales en la búsqueda de la justicia social desde la solidaridad entre las personas, pueblos y países. Pues bien, el pasado mes de junio diversas ONG denunciaron cómo la cooperación oficial del Gobierno español financia, entre otras, a un empresa que tiene múltiples denuncias por explotación y que, además, radica cuentas y sedes en distintos paraísos fiscales. Según ésta denuncia, la empresa Feronia Inc. está inmersa en un proceso de acaparamiento de tierras en la República Democrática del Congo, además de practicar, según diferentes testimonios recogidos, prácticas de explotación laboral. Pues bien, esta misma empresa ha recibido la cantidad de 3,16 millones de euros de fondos públicos españoles. Así, mientras se recorta hasta el límite la aportación pública a la cooperación vía organizaciones sociales, se entregan fondos millonarios al sector privado sin la más mínima revisión de la práctica del respeto a los derechos humanos. Todo en aras del interés empresarial y de “respaldar a nuestras empresas” para salir de la crisis y hagan lo que hagan por el mundo.
Es solo un ejemplo, pues las denuncias contra actuaciones de empresas españolas en diferentes países aumentan cada día (Guatemala, Perú....), mientras las élites económicas y políticas no hacen sino aplaudir la “expansión de la economía” a cualquier precio, un precio que, vistas las decisiones de recortes y austeridad en la vieja Europa y la protección a los intereses empresariales y de inversiones en ésta y en el resto del mundo, son los derechos humanos individuales y colectivos. Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones: “malos tiempos para la lírica”.
