El Partido Popular pretende modificar antes del final de la presente legislatura el artículo 510 del Código Penal para convertir en delito la apología de la violencia de género, tras considerar las declaraciones de su portavoz de Igualdad, Marta González, afirmando que “algunas asociaciones de padres presuntamente separados escriben que las denuncias en España son falsas [un 0,020%, según la Fiscalía del Estado] y que las mujeres denuncian para quedarse con todo. Esos grupos alimentaron a Toni Cantó, que trasladó sus argumentos sin contrastarlos. Con la enmienda, inspiradores como ellos podrán ser sancionados”. Es claro que se está planteando una ley de censura hembrista que de llegar a realizarse, convertiría a las feministas radicales en las únicas que pueden avanzar hacia sus metas políticas sin oposición, en beneficio de su modelo de sociedad sexista. Así, con la excusa de englobarla en el concepto de apología de la violencia de género, podrían censurar la creciente crítica social que está recibiendo el hembrismo, aunque esta crítica esté en muchos casos mejor documentada que la escasamente veraz propaganda de género, elemento clave para la manipulación de la opinión pública. De nuevo el feminismo de género trata de destruir derechos fundamentales, en este caso los de la libertad de expresión, la ideológica y la de asociación, con el respaldo de nuestros partidos políticos mayoritarios, gracias a la falacia de llamar al femicentrismo lucha por la igualdad y la excusa políticamente correcta de evitar la discriminación de la mujer mientras de paso se ignoran o acrecientan las muchas discriminaciones que padecemos los hombres. En efecto. ¿Por qué no sancionan de paso la apología de la violencia extrema contra los hombres que caracteriza buena parte del discurso feminista radical?
