Derecho a decidir es un término de significado pluripotencial a capricho del usuario y sus circunstancias. Desde el Gobierno español se entiende que ya se decidió cuando se votó la Constitución de 1978, y punto. Si no se cambia la misma no hay derecho a decidir salvo lo que el Gobierno autorice. Pero constitución es un término aristotélico y el siglo XIX está cargado de constituciones en toda Europa, lo que no ha impedido que al amparo de las mismas se institucionalicen los abusos de poder. España ha tenido desde 1812 ocho constituciones y concretamente la de 1931 no creo que previese la legitimidad de un alzamiento nacional. Se ha postulado incluso una Constitución Europea, pero nadie está por la labor de que le digan lo que tiene que hacer en su casa.
Quienes no están por el derecho a decidir inciden en las teorías del miedo, el rechazo de Europa a los secesionistas, la hecatombe económica, la agresividad de los nacionalismos minoritarios, etc. Pero en el fondo subyacen los intereses económicos de unos pocos y la no aceptación de otra realidad política que no sea que la propia, hechos que necesitan hacer compartir como propios con una ciudadanía de a pie que está harta de que les enfrenten con el vecino, sea catalán, gallego o vasco. Todos los años por vacaciones, negocios, turismo, hay un éxodo de personas de norte a sur y viceversa sin que exista ningún tipo de roce salvo el de los políticos que, mediaticamente, pretenden intoxicar al pueblo para que tomen parte en sus postulados. (...)
Esperemos que si hay nuevas independencias no sea a costa del sacrificio de los súbditos en beneficio de los poderosos, porque independencia no debe implicar confrontación sino respeto a los legítimos derechos de los otros y la grandeza de los pueblos no viene dada por su extensión sino por su relación con sus vecinos.
