El nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, afirma en una reciente entrevista, que su partido no va a pactar con el populismo al ser interpelado por la periodista sobre si su formación se aliará con Podemos.

Sin mencionar explícitamente al grupo de Pablo Iglesias manifiesta que los socialistas estarán “frente al PP y al populismo” y no pactará con ninguno de ellos, subrayando que “el final del populismo es la Venezuela de Chaves” en referencia a “la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo la desigualdad del país americano”. Ante estas manifestaciones me asaltan dos dudas, ¿realmente vive Pedro Sánchez en España? ¿O es posible que debido al poco tiempo que lleva en el cargo, no se ha enterado de la situación de este paraíso? A lo mejor en lugar de pisar otros charcos, algo lejanos de nuestra realidad debiera de pensar si de verdad vivimos en un país de Jauja con alguno de los datos, puntuales por razones de espacio, que enumero: Tasa de pobreza y exclusión social, estudio del 2012: 28,2%. 13,000.000 de personas. Supongo que esta cifra será superada en la actualidad, dado el incremento del paro. (Fuente Eurostat)

España lidera el ranking de desigualdad en Europa, es decir, la diferencia de la renta de los que menos tienen y los que más poseen. (Fuente Eurostat).

En España hay más de 9 millones de pensionistas y más de 4,6 millones de hogares sostenidos por una persona jubilada o pensionista. (Fuente EPA).

Es desolador el panorama de la sanidad, educación, así como entre otras cosas, la reducción en la tasa de cobertura de empleo dejando cada vez a más población sin recursos. En su referencia a la falta de democracia en el país caribeño, España no puede presumir de label democrático cuando los dos partidos mayoritarios se apresuran en diseñar una modificación exprés de la inviolable, para algunas cosas, Carta Magna de la Constitución con el objetivo de limitar el déficit, implicando una pérdida total de soberanía económica, provocando que los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones gocen de prioridad absoluta por encima de cualquier gasto social.