LA apertura ayer de los trabajos de la ponencia del Parlamento Vasco sobre duplicidades, con la presentación del Informe sobre el análisis y el funcionamiento institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Consejo de Gobierno hace un mes, coloca serios interrogantes sobre que sea la presunta búsqueda de eficacia, también económica, el motivo del cuestionamiento a que se ha venido sometiendo desde algunos ámbitos políticos al actual entramado institucional vasco. En primer lugar, el debate sobre las duplicidades en la CAV, puesto sobre la mesa en octubre de 2011 por el gobierno presidido por Patxi López, se gestó con una raíz no exenta de ideología para cuestionar la especificidad foral, auténtico fundamento del autogobierno vasco y distinción de este frente al global de las CC.AA. del Estado, y un entonces notorio interés económico: el de otorgar al Ejecutivo vasco una mayor capacidad de decisión y actuación sobre los ingresos fiscales, competencia que según el art. 41 del Estatuto de Gernika corresponde a las diputaciones. El cuestionamiento de esa especificidad, además, fue coincidente en el tiempo con teóricas renuncias de competencias -que aún están por concretarse- en otras CC.AA. y con un discurso recentralizador por parte del Gobierno del Estado. Ahora bien, tratar de justificar ese impulso en un supuesto coste añadido de las características del autogobierno vasco no es sino una falacia desmentida reiteradamente por la realidad, tanto en lo económico como en cuanto al nivel de eficiencia, de las distintas Comunidades Autónomas. Los datos comparativos facilitados ayer por el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, respecto al número de funcionarios o el gasto público en relación al PIB, así como el contraste del grado de satisfacción de la sociedad vasca con los servicios públicos que muestran reiteradamente las encuestas, parecen desaconsejar una reforma profunda precisamente cuando la estabilidad política e institucional es una base esencial de la recuperación económica. Cierto es que todo es sensible de mejora, también el entramado institucional, pero el primer paso de dicha mejora sería, en todo caso, dotar a Euskadi de toda su capacidad de autogobierno y la racionalización inmediata de los gastos y servicios que el Estado mantiene innecesariamente en los territorios vascos.
