LA infanta Cristina de Borbón, la hija del rey español Juan Carlos I, la esposa de Iñaki Urdangarin, declaró ayer por espacio de seis horas ante el juez José Castro, que la sometió -como es su deber- a un exhaustivo y extenso interrogatorio. Tras su comparecencia ante la justicia y por los datos que han trascendido, hay algunas conclusiones que se pueden extraer, a la espera de que el magistrado dictamine las actuaciones que considere en este mediático caso. La primera es que, por primera vez, un miembro de la familia real española, que se consideraba intocable o al menos invulnerable, ha tenido que rendir cuentas ante la justicia, siquiera en una primera fase -aún no se ha sentado en el banquillo de los acusados, como algunos han querido interpretar, aunque tampoco es descartable tras la jornada de ayer- por los supuestos y graves delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la infanta Cristina es una de las más insignes herederas del trono, por mucho que la obsoleta y machista concepción de la Constitución -sin entrar en el sistema propio de la Monarquía- la relegara a un segundo -en este caso, séptimo- plano en favor de su hermano. Otra de las conclusiones a extraer es que el juez José Castro, pese a todas las presiones a las que se ha visto sometido en su labor -gravísimas en un Estado de derecho- parece dispuesto a llegar hasta el final y conocer la verdad. De ahí su extenso, valiente y trabajado cuestionario. El magistrado ya había adelantado en su escrito de imputación que "los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido, cuando menos, sin el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado". Pero Cristina de Borbón vino a decir ayer que no miraba hacia ningún lado: se limitaba, según su versión, a "confiar" en su marido. La infanta "no sabe", "no recuerda" y, en último caso, se ha querido desvincular de la gestión en Aizóon. Es dudoso que haya convencido al juez y a buen seguro su credibilidad ha quedado muy dañada, lo que no significa necesariamente que su imputación siga adelante. Más allá de su paseíllo y su ignorancia sobrevenida, la ciudadanía merece la verdad sobre el caso. Difícil papeleta para el juez.