LA apertura por la Comisión Europea de una investigación a clubes de la Liga de Fútbol Profesional por supuestas ayudas de Estado ilegales que vulnerarían las normas europeas de competencia se ha convertido, hecha pública por el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo. en un despropósito que confunde, tal vez nada desinteresadamente, situaciones en absoluto relacionadas. En primer lugar, la investigación parte de denuncias de otros clubes europeos, Bayern de Munich y PSV Eindhoven, perjudicados por la permisividad del Estado español con los clubs de la LFP y su deuda con Hacienda (750 millones) y financiera (3.600 millones), que sin embargo no les han impedido -hasta 2010 también por la fiscalidad ventajosa (24% frente al 43%) de la famosa Ley Beckham- realizar ofertas desproporcionadas en el mercado de fichajes. Es el caso del Real Madrid, que ya admite una deuda financiera de 170 millones (el pasivo del club blanco se elevaría nada menos que a 541 millones), superior a la de toda la Bundesliga, y habría comprometido, con escándalo europeo descomunal ante la situación económica del Estado español, cien millones por Gareth Bale. O el del Barcelona (570 millones) o el del Atlético de Madrid (514 millones). Esa denuncia, sin embargo y por motivos tan obvios como su autoimpuesta limitación en cuanto a la procedencia de sus fichajes y su saneada situación financiera, no debería afectar al Athletic, envuelto en una denuncia con la que, en origen, nada tiene que ver a pesar de que pone su foco sobre él tras el anuncio de García-Margallo y la extemporánea intervención de la Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, resaltando la condición de socio rojiblanco del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia. Que su actual régimen fiscal sea el de un club deportivo y no el de una sociedad anónima responde a la libertad de toda entidad o empresa para elegir su naturaleza jurídica y a lo que marca la legislación estatal (Ley del Deporte) que es, en todo caso, lo que la CE debería cuestionar. En cuanto a la construcción del nuevo San Mamés, la participación pública es práctica común (Milan, Ajax, PSG...) en Europa y contempla su uso para fines públicos y ajenos al Athletic. Barajarlo junto a los 118 millones de ayuda directa del Gobierno de Valencia a sus clubs o la peculiar permuta de terrenos entre Madrid y el Real Madrid (30 millones de plusvalía para el club) solo pretendería ocultar la enorme burbuja del fútbol español tras una mera pompa de jabón.
