AÑO tras año, la celebración del día de la Constitución española que tiene lugar cada 6 de diciembre en coincidencia con la fecha del referéndum de aprobación de la denominada Carta Magna en 1978 deja entrever que el consenso en torno al texto y el espíritu de esta ley hace tiempo que se ha resquebrajado hasta el punto de que una posible reforma -algo absolutamente impensable hace pocos años- es hoy un planteamiento no solo legítimo, sino con toda probabilidad mayoritario. Se ha visto con mayor notoriedad aún este año, en el que se ha celebrado el 35 aniversario de la Constitución. No solo por la obviedad de que millones de ciudadanos -siquiera por su edad- no participaron del proceso constitucional, sino porque por primera vez los grandes partidos españoles, PP y PSOE, han aparecido dispuestos a afrontar una posible reforma. Durante la conmemoración celebrada el viernes en el Congreso de los Diputados, y ante las muy significativas ausencias tanto de nacionalistas como de la izquierda, tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, coincidieron -en un hecho inédito hasta ahora- en abrir la puerta a hipotéticos cambios en la hasta ahora inamovible Constitución. Es cierto que Rajoy puso condiciones casi insalvables para esa reforma, como que concite mayor consenso que el que hubo hace 35 años. Pero no es menos cierto que tanto Rajoy como Rubalcaba revelaron que ya han hablado entre ellos en varias ocasiones, lo que da una idea del reconocimiento casi explícito de la obsolescencia de esta Constitución, nacida en un momento histórico singular como fue la salida de una dictadura de casi 40 años, y que lleva en vigor tres décadas y media. Ambos dirigentes hablaron también de incorporar a este proceso tanto a PNV como a CiU. Hay que recordar que los nacionalistas vascos quedaron fuera en 1978 tras recibir un portazo a cambio de su espíritu y esfuerzo de consenso. Pese a este nuevo clima reformista no cabe ser optismistas sobre las intenciones últimas de PP y PSOE, y menos aún sobre el resultado final. Con todo, el Estado español tendría una oportunidad realmente histórica si se abre a consensuar una Constitución acorde con los tiempos de la Europa del siglo XXI y con las realidades nacionales, sociales y políticas que conviven en su seno.