Movilidad, vertebración y peajes

LA pretensión de la Diputación de Gipuzkoa de implantar peaje al uso de carreteras de dicho herrialde para los vehículos que, originarios de otros territorios, circulen por ellas adolece de una preocupante falta de análisis, más allá del cálculo de ingresos, por el gobierno foral que se evidencia tanto en la forma en que se ha realizado la propuesta como respecto a las consecuencias que para la sociedad vasca tendría la aplicación efectiva de la misma. Desgraciadamente, esa inconsistente ingravidez no constituye novedad en el modo de hacer del Ejecutivo de Martín Garitano, como se ha podido comprobar respecto a la implantación del Puerta a Puerta o la paralización de la incineradora. En primer lugar y en cuanto a la forma en que se ha realizado la propuesta, el gobierno de Bildu ha transformado la férrea negativa original de la izquierda abertzale al peaje en un único vial -idea con la que llegó a las elecciones- por el impulso al cobro del mismo en buena parte de la red principal de carreteras de Gipuzkoa. Lo ha hecho ignorando que carece de mayoría suficiente en Juntas Generales para ese proceder unilateral. También sin cotejar previamente su adecuación a la normativa europea ni la opinión del resto de instituciones -solo tras anunciar su pretensión- respecto a la afección del proyecto. Y cuando finalmente ha procedido a esa relación ha sido para desempolvar el tono desabrido y los razonamientos extemporáneos por boca de su responsable de transportes, Larraitz Ugarte, hasta pretender que la política de descuentos en los tramos de Bizkaia y Araba de las autopistas es comparable a la implantación de peajes. Sin embargo, aún es más grave en cuanto a dejación de responsabilidad la falta de consideración de las consecuencias del proyecto. En la movilidad laboral interna de los ciudadanos vascos, relativamente alta entre territorios. También en el sector del transporte, con el que la Diputación de Gipuzkoa llegó a comprometer la no imposición de los peajes. Y en sus efectos sociales y económicos, que profundizarían los ya notorios de la crisis. Pero también en la vertebración nacional de Euskadi que el gobierno de Bildu debería tener en el frontispicio de cualquiera de sus políticas. Porque se antoja incongruente exigir y pretender principios fiscales homogéneos en todo el país, la integración de Navarra o una política de construcción nacional y, sin embargo, poner peajes que compartimentan el país, sus relaciones sociales y la actividad económica interna.