Voladura controlada
La declaración de Bárcenas confirmaría la existencia de toda una estructura de financiación ilegal en el PP pero la limita como delito y centra en Rajoy y Cospedal la responsabilidad política que afecta a todos los dirigentes del partido durante décadas
LA declaración ante el juez Pablo Ruz del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la que admite la autoría de los apuntes documentales que, publicados en varios medios de comunicación, han sido presentados como la contabilidad B del Partido Popular; mantiene bajo control el alcance de la onda expansiva de sus revelaciones. Bárcenas busca una salida a su situación personal pero, de momento y a la espera de la comprobación de todos los documentos aportados, no ha dado pie a que se altere la consideración penal de los políticos concernidos. Bárcenas, es cierto, ha confirmado pagos en metálico a Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno español, y a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, y los ha situado en fechas por las que, al contrario que lo publicado hasta ayer, no habrían prescrito; pero las cantidades especificadas por el extesorero en ambos casos no alcanzan para su tipificación como delito fiscal, cosa que él lógicamente conoce. Y en cuanto a la confirmación de la existencia de la contabilidad B llevada por el propio Bárcenas -en todo caso, como gestor responsable de un delito de ocultación a Hacienda le podría suponer siete meses de cárcel sin cumplimiento efectivo y no justificaría su permanencia en prisión-, que revelaría donaciones anónimas de hasta 7,5 millones por parte de 9 empresarios, superando el límite fijado por la Ley de Financiación de Partidos con anterioridad a 2007, tampoco tiene consideración de delito salvo que pueda derivar a una acusación de cohecho, es decir, de adjudicaciones de contratos públicos que difícilmente se podrían relacionar con dichos pagos sin una declaración concreta y determinante del propio Bárcenas que hasta donde se conoce no se ha producido. Sin embargo, todo ello no resta ni un ápice de las responsabilidades políticas que cada cual debe asumir de forma inmediata por los irregulares cobros de sobresueldos en el ejercicio de cargos públicos, por las evidencias de financiación ilegal del PP que la admisión por Bárcenas de la existencia de una contabilidad B confirmaría o por haber mentido más o menos veladamente a la opinión pública al tratar de negar los primeros y la segunda. Y esa responsabilidad, llegue a donde llegue la voladura controlada que realiza Bárcenas, si afecta a Mariano Rajoy y a todas las cúpulas y mayoría de dirigentes del Partido Popular en las tres últimas décadas.