Corregir la deriva, salir del dique seco

eL segundo borrador de la propuesta que el comisario de la Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, pretende elevar al colegio de comisarios antes de que la CE se pronuncie el próximo día 17 sobre las ayudas a la financiación o tax lease a los astilleros del Estado, no varía la dramática influencia que la devolución de dichas ayudas tendría en un sector estratégico en Euskadi. En realidad, no siquiera es tal la supuesta relajación de la exigencia que Almunia pretende al eximir a los armadores, ya que esta exención afectaría en todo caso a intereses muy mayoritariamente ajenos al sector en el Estado, que seguiría obligado a afrontar una devolución de ayudas -los 3.000 millones correspondientes al periodo entre 2005 y 2012- que harían inútil tanto en Euskadi como en el resto del Estado la readecuación a los nuevos mercados, renovación de estructuras e inversión en tecnología realizadas por la construcción naval en los últimos años. Pero es que, además, tan inexplicable falta de flexibilidad por parte del comisario de la Competencia desdice todas las bases y objetivos trazados por la propia CE en materia de empleo al cegar las vías de futuro de 87.000 trabajadores en un sector que ha realizado un enorme esfuerzo en aras a la competitividad; mantiene una ilógica discriminación al realizar exigencias que en su día no se plantearon en una situación similar -también respecto a otras ayudas de Estado a otras industrias estratégicas que ni siquiera se han puesto en duda- en Francia; retrotrae la devolución a seis años -2.000 de los 3.000 millones- antes a la apertura del expediente en 2011, es decir, cuando la legalidad del tax lease no estaba aún en cuestión en el Estado; y al hacerlo crea una situación de inseguridad jurídica también mortal de necesidad para el futuro de las financiaciones y, por tanto, de un sector que depende de ellas para mantener un hueco en un mercado fagocitado por las desiguales condiciones laborales en Corea y China, por ejemplo. Son argumentos más que suficientes para que la deriva de Joaquín Almunia sea siquiera corregida por el colegio de comisarios. Pero también para que el Gobierno español y Mariano Rajoy salgan del dique seco, prioricen este problema frente a los que les acucian y rectifiquen ante Durao Barroso la inacción que le ha caracterizado durante meses.