LA constatación del fracaso del servicio de atención sanitaria en red O-sarean puesto en marcha por el Gobierno vasco durante la legislatura en la que el Ejecutivo estuvo presidido por Patxi López y el entonces Departamento de Sanidad, dirigido por Rafael Bengoa, supone una seria advertencia respecto a la necesidad de extremar el celo en la utilización de los recursos públicos y en la elección de los modelos de gestión de las administraciones. Si la obligación de los responsables institucionales al respecto es permanente, su responsabilidad se acentúa sobremanera cuando se atraviesan épocas de crisis económica, se intuye como en 2011 que dicha incertidumbre iba a ser prolongada y se preparan o afrontan recortes en los servicios públicos al ciudadano, como era el caso. En otras palabras, los gestores de cualquier administración no están, no deben estar, para asumir -ni siquiera en tiempos de bonanza- en la inversión pública y en nombre de la sociedad porcentajes de "riesgo", que se admitieron por los entonces responsables políticos de Osakidetza en la presentación del nuevo modelo de citación y atención primaria que ahora se constata fracasado. Deben, por el contrario, analizar hasta el último detalle el alcance y consecuencias de dicha inversión, minimizar las posibilidades de error mediante pruebas y análisis pormenorizados, utilizar el infalible sentido común a la hora de decidir a qué dedicar el erario público y, sobre todas las cosas, situar como primerísima preocupación la calidad de la atención y el servicio al ciudadano y su prolongación más allá del tiempo durante el que se extiende la propia responsabilidad. De haberlo hecho así, apartando la tentación de presentar a la sociedad un proyecto de apariencia tan llamativa y grandilocuente como la misma inversión que exigía -nada menos que 14 millones de euros- pero de alcance muy limitado a poco que se hubiera tenido en cuenta la realidad social a la que se dirige mayoritariamente la atención primaria del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza y el hoy Departamento de Salud habrían tenido 14 millones de euros más para dedicar a las verdaderas prioridades de un servicio que atiende anualmente quince millones de citas y que antes del fallido proyecto de O-sarean contaba con el beneplácito de sus usuarios.