La pretensión intimidatoria

LA no inclusión de ninguna instalación del Ejército en la Comunidad Autónoma Vasca en el plan que pretende racionalizar el patrimonio del Ministerio de Defensa y que cerrará o reducirá entre 2014 y 2017 más de un centenar de enclaves militares en todo el Estado únicamente puede considerarse una extensión del "prioritario interés para la defensa nacional" que el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, arguyó el pasado octubre para negarse a la cesión de los cuarteles de Loiola. Especialmente, cuando es precisamente la CAV la única comunidad en la que las Fuerzas Armadas españolas no reducirán sus infraestructuras. Ahora bien, dada la escasa extensión territorial y la situación geográfica de la CAV y, en consecuencia, su muy limitada influencia estratégica, al mismo tiempo que las actuales prioridades, relaciones y actividad de las Fuerzas Armadas españolas derivadas de su pertenencia a la OTAN, la definición del secretario de Estado de Defensa, solo puede surgir como resultado de contemplar la presencia militar en la CAV desde un prisma interno, es decir, consecuencia de la interpretación ideológicamente parcial del artículo 8.1 de la Constitución, primando la defensa de la "integridad territorial" y la unidad de España sobre otros principios democráticos contemplados por el derecho internacional así como sobre los derechos históricos a los que el Pueblo Vasco no ha renunciado y cuyo amparo y respeto especifica en su Disposición Adicional Primera el actual ordenamiento constitucional citado en el mismo art. 8.1. Pero, además, esa pretensión uniformadora supondría asimismo y por los mismos motivos una de todo punto ilógica exclusión de la CAV de la segunda parte del plan, aún sin fecha, que debe afectar a otras doscientas instalaciones en todo el Estado a pesar de que la relevancia operativa de las infraestructuras militares en la CAV recomendaría un inmediato redimensionamiento que ya estudió el Gobierno de Zapatero en 2009. Lo que obliga a considerar que el Ministerio de Defensa que dirige Pedro Morenés entiende su labor en Euskadi como mero impedimento de la aspiración nacional de nuestro país, lo que implica de manera forzosa una pretensión intimidatoria ya denunciada con ocasión de actitudes y maniobras militares concretas.