EUSKADI confronta el mayor ataque a su autogobierno en treinta años, una progresiva y creciente Loapa mediante un tan sibilino como continuo recorte del alcance de las competencias recuperadas a consecuencia de los pactos de la Transición y que se reflejaron en el Estatuto de Gernika, aceptado por la sociedad vasca en referéndum el 25 de octubre de 1979 con el 90% de los votos. La aprobación ayer por el Consejo de Ministros del Gobierno español de la denominada Ley de Unidad de Mercado y la invasión competencial en materia de seguridad vial denunciada también ayer por el Gobierno vasco son dos ejemplos más del irrefrenable impulso recentralizante que anida en la derecha española aunque no solo, como se demuestra con el peligroso cuestionamiento por sectores socialistas del Concierto Económico. A lomos de la mayoría absoluta del PP, con un abuso escandaloso de normativa básica y sin que nadie en el PSOE alce la voz, lo que conlleva una praxis extraña y totalmente opuesta a la pública y teórica defensa del Estatuto de que ambas formaciones hacían gala no hace tanto, el Gobierno Rajoy viene comprimiendo el autogobierno que Euskadi había arrancado de las perennes reticencias centralistas y llega incluso a conculcar derechos históricos propios del Pueblo Vasco especificados en el Estatuto y contemplados y protegidos por la Disposición Adicional Primera de la propia Constitución de 1978. No es ya el insoportable incumplimiento, 34 años después, de transferencias comprometidas, sino la mutilación de aquellas asumidas, aun a pesar de haberse evidenciado su gestión en Euskadi más eficaz y competitiva. Han sido los recortes impuestos a la Sanidad vasca, es la invasión por la reforma educativa o ley Wert, es la Ley de Acción Exterior, ha sido la reforma laboral y la imposición de normativa fiscal, es la reforma de las administraciones y la pretensión de suprimir organismos propios... Es laminar hasta una decena de artículos del Estatuto en una fractura unilateral de los consensos que llevaron a la traslación de la soberanía foral al actual ordenamiento jurídico. Y ello supone que, más allá de los pertinentes recursos ante el Tribunal Constitucional, Euskadi puede, debe, en virtud del absolutamente mayoritario respaldo social a su autogobierno, plantearse la denuncia también unilateral de aquellos compromisos.