EL prolongado desarrollo mediático-jurídico de la trama Gürtel y su principal derivada, el caso Bárcenas, hasta la entrada en prisión del extesorero popular; con afecciones directas a la credibilidad e imagen del Partido Popular y del Gobierno que preside Mariano Rajoy que no acaban precisamente con dicho encarcelamiento; así como la imputación de la exconsejera andaluza y exministra socialista Magdalena Álvarez, junto a una veintena de altos cargos del PSOE andaluz por el denominado caso de os ERE, que apenas ha iniciado su recorrido judicial; cuestionan de raíz la pretensión bipartidista del Estado. La erosión social que los dos principales partidos de ámbito estatal sufren, evidente en todas las encuestas, aunque impulsada por la crisis no emana de esta sino del propio sistema, conformado paulatinamente con un interés uniformizante de la política que ha derivado -con las notorias excepciones nacionales de Euskadi y Catalunya- en una simple alternancia a la que PP y PSOE han condicionado sus necesidades de financiación y de la que han extraído y multiplicado sus capacidades para la misma, aun a costa de desviaciones, permitidas u obviadas, que han buscado el lucro personal y que, a expensas de la última decisión judicial, deben calificarse de inmorales si no delictivas. Pretender ignorarlo escudándose en el silencio, en declaraciones asépticamente milimetradas o, mucho peor, en el cuestionamiento de la actividad judicial como ha venido haciendo el PP respecto del juez Ruz; o como determinadas voces del PSOE han hecho en las últimas horas respecto de la jueza Alaya; dando a entender que en ambos procedimientos existen inconfesables intereses -del mismo modo que se ha hecho en otros notorios casos de presunta corrupción que afectan a otras instituciones estatales, como el caso Nóos o el caso Bankia, sin ir más lejos- no hace sino minar aún más la ya deteriorada consideración que de ambos partidos tiene una creciente mayoría ciudadana, con el agravante de su traslación, en la mayor parte de los casos injustificada, a toda la clase política. PSOE y PP pueden tener la tentación de imitar la estrategia que permitió a a unos y a otros eludir hace dos décadas las responsabilidades políticas y personales del caso Filesa y del caso Naseiro, pero difícilmente obtendrán esta vez similares resultados.