LA aseveración del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, respecto a la obligación de devolver las ayudas fiscales, tax lease, que recibieron los astilleros del Estado entre 2005 y 2011 -más de tres mil millones de euros- supone ignorar la realidad legal y contractual del sector y obvia la precaria situación del mismo. En cuanto a la legalidad, la posible orden de devolución no se justifica en que la responsabilidad de la misma no recaería en los propios astilleros sino en los inversores que los financiaron por cuanto es conocida la práctica común de especificar en los contratos que la responsabilidad derivada de un cambio legislativo recae siempre en los constructores. En cuanto a la situación del sector, es obvio que Almunia no debe desconocer que dicha devolución supondría la desaparición del 90% de las empresas, dejando sin empleo a 87.000 personas, 17.000 de ellas (siete mil empleos directos y diez mil indirectos) en Euskadi. Pero aún hay otros aspectos añadidos de la polémica sobre el tax lease que la CE -y más concretamente el propio comisario de la Competencia- debería sopesar antes de ordenar la devolución de las ayudas el próximo día 17 de julio. Por ejemplo, que el recurso contra esa práctica en el Estado español fue presentado en 2011 por una empresa holandesa, Damen Shipyard, y que sin embargo se pretende remontar la devolución hasta 2005, año en que la Comisión inició una investigación similar respecto a los astilleros franceses. O que los propios astilleros holandeses gozan de ayudas, aunque oficialmente más reducidas (del 20% en lugar del 30%) aunque una denuncia posterior de la Asociación del Cluster del Naval Gallego ante Bruselas las haya elevado a entre el 33% y el 38%. Tampoco que solo dichas ayudas permiten sobrevivir al sector europeo ante la competencia asiática -ahí está la pérdida de un contrato de 220 millones de euros por La Naval de Sestao el pasado marzo- y más concretamente de Corea, país al que la propia UE acusa de dumping gracias a los subsidios de los bancos estatales coreanos. Pero, además, y a pesar de que los astilleros obviaran también en su día advertencias al respecto, Almunia no debería olvidar que a finales de mayo él mismo consideró, en respuesta a la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, que "la Comisión debe abstenerse de exigir el reembolso de las ayudas concedidas con anterioridad cuando ello suponga infringir un principio del Derecho Comunitario como es la protección de la confianza legítima y la seguridad jurídica".