El pulso nuclear

CUANDO apenas queda mes y medio para que el próximo 6 de julio la central nuclear de Garoña deba quedar clausurada para siempre, Nuclenor ha solicitado al Ministerio de Industria la revocación de la orden ministerial que prevé el cierre de de la planta burgalesa cercana a Euskadi. Lo más inquietante de esta decisión es, sin duda, la lógica preocupación por la seguridad para las personas y el medio ambiente que se deriva de la posibilidad de que la central nuclear más antigua del Estado pueda seguir operando. Pero no es menos preocupante la inevitable sensación, a la luz del suceder de acontecimientos, de que la opinión pública está asistiendo a un juego de trileros en el que los pichones son, precisamente, los ciudadanos. Quizá -ojalá- esa sensación sea sólo eso, pero el tira y afloja que han protagonizado Nuclenor y el ministro de Industria, José Manuel Soria, con la controvertida Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética como epicentro parece responder, bien a un órdago de las eléctricas al Ministerio, bien a una escenificación coreografiada con mayor o menor acierto por ambas partes. Incluso, por qué no, una combinación de ambas, pero en cualquier caso pasando por encima de los intereses medioambientales y los fallos de seguridad que periódicamente han afectado a Garoña, así como de la movilización social. Sea como fuere, la escasa credibilidad de las intenciones declaradas durante todo este tiempo por Nuclenor y por el Gobierno de Mariano Rajoy -el mismo que se paseaba en 2009 por la central durante la campaña electoral para prometer que la mantendría abierta- ha quedado palmariamente demostrada por el convencimiento general de la sociedad vasca de que no había que dar nada por hecho hasta que no llegara el 6 de julio. Porque al final hay una cosa clara: tanto el Gobierno como las eléctricas tienen interés en mantener la actividad de Garoña, aunque de por medio se haya cruzado la nueva tasa para reducir el déficit tarifario sobre cada kilo de uranio quemado. Así que, guiados por esa sensación no desmentida por los hechos, el temor es, no ya qué decisión tomará finalmente el gabinete Rajoy sobre la prolongación o no de la vida útil de la nuclear de Garoña, sino cómo vestirán de un modo conveniente para ambas partes el acuerdo.