Regresión educativa

LA aprobación por el Gobierno español de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o ley Wert, no atiende finalmente a la opinión de prácticamente todos los estamentos educativos, ignora la oposición de la totalidad del resto de fuerzas parlamentarias, vulnera la autonomía educativa y lingüística que en el caso de Catalunya y Euskadi otorgan a dichas comunidades sus respectivos estatutos y las recomendaciones internacionales sobre la protección de lenguas minorizadas, incumple la lógica económica e incluso las políticas de austeridad del propio Gobierno con el coste -407 millones de euros en tres años- de una reforma innecesaria e incluso desoye algunas de las consideraciones al respecto que el Consejo de Estado realizó sobre la misma. Y lo hace única y exclusivamente por un impulso ideológico recentralizador y españolizante -como el propio ministro que da nombre a la norma, José Ignacio Wert, ha llegado a admitir en alguna ocasión-, aun a costa de incumplir todas las principales premisas que debe respetar cualquier reforma legislativa de calado, más si se trata de una que afecta al ámbito que más consenso y estabilidad precisa, el de la educación, y que pese a ello ha soportado ya seis reformas anteriores en apenas tres décadas. Los dos aspectos finales más destacados de la aprobación de la ley, la inclusión de la asignatura de religión entre las que cuentan para la media final del curso y, por tanto, para la adjudicación de becas y ayudas por un Estado laico; y el abono adelantado por el Estado -que cobrará posteriormente a las respectivas comunidades autónomas- a los colegios privados del coste de la enseñanza en castellano de aquellos alumnos que opten por no cursar estudios en la lengua cooficial, no son -junto a la rebaja de un 10% de las competencias vascas para diseñar los contenidos- sino prueba evidente del impulso ideológico de una ley con la que Wert pretende contentar a los sectores ultraconservadores de la Iglesia española y del PP. Pero, al tiempo, constatan la absoluta falta de respeto del Gobierno Rajoy a los principios estatutarios y, en el caso de Euskadi, al art. 16 del Estatuto de Gernika ("En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución es de la competencia de la CAPV la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades..."). Otorgan, por tanto, razones jurídicas suficientes para la paralización de la misma tras el pertinente recurso al Tribunal Constitucional.