Guatemala, fin de la impunidad

LA histórica condena de 80 años de cárcel al dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt por el genocidio perpetrado contra la etnia indígena ixil y crímenes de lesa humanidad supone un triunfo de la Justicia en Guatemala ejercida dentro del propio país y sitúa el proceso al dictador y golpista guatemalteco, responsable de la muerte de 1.771 indígenas y el desplazamiento de otros 29.000, en contraposición con otros procesos históricos de dictadores latinoamericanos como el de Augusto Pinochet, cuyo proceso se inició fuera de Chile. Sin embargo, la condena ya conocida al dictador guatemalteco bajo la resolución de que "se ha comprobado que la población civil del grupo ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva por medio de masacres, torturas, degradación de su dignidad, violaciones sexuales y desplazamientos forzosos" y el juicio precedente en Guatemala, no han hecho sino demostrar cómo de abiertas siguen las heridas en el país que Ríos Montt gobernó de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983, el período más sangriento de la guerra civil. A la tensión que ha rodeado el juicio, con 28 audiencias en las que han sido evidentes las discrepancias entre jueces, ministerio público y abogados con expulsiones de los defensores de Ríos Montt o el abandono de la sala bajo acusaciones de que el Tribunal era imparcial, se une el escenario de una Guatemala después del juicio que ahonda en la división y las heridas de sus horrores más recientes.

Con todo, la histórica, aunque quizás tardía, sentencia a un anciano Ríos Montt, de 86 años y en arresto domiciliario desde 2012, lidera con el ejemplo la lucha contra la impunidad en una región donde el abuso ha sido la norma. Guatemala es el país de América que ha vivido el conflicto más largo con 36 años de duración y también uno de los más atroces que se cebó principalmente con los indígenas, pero no es el único que sufrió los métodos sobre las teorías de Henry Kissinger para favorecer las dictaduras de América Latina. Prácticas que pasados los años y mediante sentencia y proceso judicial abierto y desarrollado dentro de las fronteras del país, al igual que el de Jorge Videla en Argentina, hacen surgir la declaración de la injusticia y el fin de la impunidad de los símbolos de las dictaduras.