Injustificada morosidad bancaria

LOS datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas sobre el incremento de la morosidad en las comunidades de propietarios, al constatar que es atribuible a los bancos un 17% de esos impagos (12 millones de euros de un total de 63 millones en la CAV), cuestionan tanto el autoatribuido compromiso social como la exigible responsabilidad institucional de las entidades financieras. Además, refuerzan la cada vez más acusada -aunque no siempre justa- percepción ciudadana respecto a la ausencia de control sobre las actividades bancarias. No en vano, la relajada morosidad que entidades financieras con recursos y beneficios -en algún caso desproporcionados- mantienen con las comunidades de propietarios contrasta con el aumento de las ejecuciones por impago de hipotecas, hasta 39.167 inmuebles en el Estado el pasado año, de los que 32.490 eran vivienda habitual. Especialmente porque estas sí son resultado de las consecuencias de la crisis en las economías familiares y del desorden abusivo que durante los últimos lustros ha caracterizado al mercado inmobiliario, pero también de las arriesgadas formas de financiación que han permitido primero y promocionado después los propios bancos. La morosidad de las entidades contrasta también con la actitud de estas hacia sus clientes, que ha convertido a la banca en el segundo sector con más reclamaciones de los consumidores, y con las exigencias de comisiones que en el periodo de un año y para un cliente medio rozan los 150 euros. Así, los 256 millones que en el conjunto del Estado español deben los bancos a las comunidades de propietarios o la práctica habitual de demorar el pago de la cuotas -una media de 127 días en Euskadi- no pueden en ningún caso justificarse en el abrupto fin del boom inmobiliario. Muy al contrario, deben ser origen de exigencia a la banca para una inmediata corrección de sus procedimientos. También de reclamación a las instituciones públicas -y hasta a la justicia- del mismo celo en el cumplimiento por las entidades financieras de los compromisos contractuales que el que han exhibido normalmente en sentido inverso. Aun si ello incluye la que se antoja necesaria revisión de la legislación bancaria.