lA detención de seis presuntos miembros de ETA en una triple operación policial desarrollada en las localidades francesas de Blois, Brive-la-Gallarde y Montpelier supone una nueva constatación del control que las fuerzas de seguridad despliegan sobre los activistas de la banda. Pero, al mismo tiempo, también de las manifiestas intenciones del Gobierno español (y del francés) respecto al proceso del fin de la violencia y, en consecuencia, de la inequívoca exigencia a ETA -y de su propia necesidad- para que culmine con la disolución el planteamiento unilateral de cese de las acciones armadas que resolvió hace año y medio. Y en ese sentido no es posible obviar que la operación se ha saldado con la detención de seis presuntos militantes del aparato logístico, con acceso por tanto a la infraestructura necesaria (zulos, matrículas, coches...) para mantener latente la amenaza que supone la mera existencia de ETA, ni el hecho de que la mayor parte de ellos pasara a la clandestinidad apenas meses antes de la declaración de alto el fuego. Tampoco la coincidencia de fechas entre la operación policial y la concesión por la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Fernando Grande-Marlaska, de un primer permiso penitenciario de tres días a Valentín Lasarte, en prisión desde hace 17 años por su participación en siete asesinatos pero acogido hace tiempo a redenciones de pena y a la denominada vía Nanclares. Es como si el Gobierno español hubiese enviado un doble mensaje a ETA: por un lado, el destino que espera tarde o temprano a las cuatro decenas de militantes que mantiene en la clandestinidad, especialmente a aquellos que pudieran presentar mayor resistencia al fin definitivo de la violencia; por otro, la posibilidad de que los presos gocen de beneficios penitenciarios siempre y cuando se acojan a ellos de modo individual y tras haber reconocido el dolor causado a las víctimas, a lo que contribuiría sobremanera la disolución de ETA por cuanto con ella desaparecería la presión que ha ejercido históricamente sobre sus reclusos. En otras palabras, que el cierre definitivo del conflicto armado que ha enfrentado a ETA y al Estado español y la desaparición de las consecuencias que ETA pudiera estimar pendientes tras la extinción de la violencia también depende exclusivamente de su determinación.