La 'deconstrucción social' del PP

EL Partido Popular trata de rendir tributo a los sectores de la derecha extrema que se movilizaron en la calle ante las medidas sociales que puso en marcha el anterior Gobierno de Zapatero e hicieron posible su llegada al poder hace año y medio. En una estrategia que trata de banalizar la legítima confrontación de ideas y judicializar las discrepancias políticas, el PP ha optado por denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que contraviniera su ideario y, gracias a esa ofensiva, siguen aún sin resolverse en este tribunal cuestiones como la asignatura Educación para la Ciudadanía o leyes como la del aborto. Lo que el TC sí rechazó fue el recurso relativo al matrimonio homosexual, una cuestión que, de haber prosperado, hubiera puesto en jaque incluso a las filas populares, donde algunos de cuyos mandatarios hace tiempo que dejaron de ocultar su orientación sexual. Y dentro de la deconstrucción social que abandera el PP, se abre nuevamente el capítulo referido al aborto. El otrora ministro progre de la derecha, Alberto Ruiz- Gallardón, abandera una reflexión para reconsiderar los contenidos de una ley que ponía a la legislación española a la par de las más avanzadas en Europa garantizando a las mujeres el derecho a interrumpir el embarazo en el plazo de las primeras 14 semanas de gestación. La existencia de esta cláusula no invita a todas las gestantes a abortar, como pretenden hacer ver algunos sectores, sino que posibilita a las mujeres que sean ellas las únicas autorizadas para tomar una decisión sin duda difícil. Ahora, bajo el débil argumento de haber puesto en marcha una comisión, cuyos componentes no se han dado a conocer y que se mantiene en un secretismo total, el PP lidera una contrarreforma para reconsiderar los motivos por los que se puede abortar en función del grado de las malformaciones del feto. Un asunto sin duda peliagudo, detrás del cual se ve, sobre todo, la mano de la todopoderosa jerarquía de la Iglesia católica española, lobby a cuya presión el Gobierno de Rajoy no puede ni quiere resistirse. Esas, y no otras, son las razones que han llevado al Partido Popular a replantear nuevamente los contenidos de la actual ley de plazos, a sabiendas de que la sociedad la había asumido con normalidad y no estaba generando conflictos sociales. Razones mayores tiene que haber para crear un problema donde no lo había.