Por una Europa más democrática y social

EL complejo sistema institucional sustentado sobre la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y desde hace unos años también sobre el Consejo Europeo y el Banco Central no es asimilable a un modelo de gobierno democrático. En ese laberinto institucional se oculta un poder con rasgos tecnocráticos y a menudo despóticos que se ejercita eludiendo la responsabilidad política. No son válidos los argumentos que se suelen manejar para justificar el déficit democrático de la UE como que los gobiernos representados en el Consejo de Ministros y en el Consejo Europeo han sido electos en sus respectivos Estados o que el Parlamento Europeo es colegislador. No pueden ocultar que los ciudadanos de la Unión no podemos mediante unas elecciones europeas elegir la orientación política de un gobierno europeo o que tampoco podemos cambiar mediante elecciones las políticas que se diseñan desde Bruselas. Para empezar, porque no existe un gobierno europeo que responda ante los electores y porque las funciones ejecutivas, normativas y de gobierno se ejercen por diversas instituciones y órganos. En un proceso de varias décadas, los diferentes niveles de poder: central, regional o local han ido diluyendo sus responsabilidades en una compleja red institucional europea e internacional que a su vez parece dominada por unos fantasmagóricos "mercados".

En semejante laberinto institucional, el poder se ejerce como en un juego de espejos que resulta democráticamente inaprensible. Los electores europeos no tienen capacidad de influir en las decisiones sobre amplísimos sectores y políticas cuya competencia se ha ido traspasando a Bruselas. A su vez, el modelo comunitario vigente en la UE ha despojado a los gobiernos y parlamentos de los Estados de su capacidad para adoptar en sus respectivos territorios las grandes orientaciones políticas y económicas. Así, ni Bruselas es la sede de un gobierno europeo sujeto mediante elecciones a un control democrático ni los ciudadanos europeos cuentan ya con gobiernos o parlamentos nacionales o regionales capaces de decidir la orientación de muchas de sus políticas. El resultado es un nuevo orden constitucional europeo caracterizado por la paradoja de una política europea sin democracia y de una democracia estatal sin política.

¿A quién exigir cuentas en Europa cuando ni tan siquiera sabemos quién toma las decisiones? Habitamos un escenario político que para algunos es una pesadilla democrática, pero que para otros es un sueño maravilloso donde se ejerce el poder eximido de responsabilidad, al margen de un auténtico control parlamentario y democrático. Un prolongado ejercicio de escapismo político sustentado en la ausencia de una opinión pública europea. Seis décadas después del inicio del proceso, los ciudadanos europeos carecemos de redes comunicativas que nos permitan recibir información sobre lo que sucede en el espacio social, político, económico o cultural que conforman 500 millones de habitantes en 27 Estados. Hasta la fecha, no existen periódicos europeos, ni canales de televisión transeuropeos o radios o revistas y publicaciones periódicas que nos pongan en comunicación, acercando Bilbao o Donostia con Palermo o Göteborg, Dublín a Atenas o Lisboa con Tallin. Europa sigue dominada por burbujas mediáticas estatales y locales, ajena a su propia dimensión pero a la deriva en un contexto planetario.

A falta de un gobierno democrático y carente de una opinión pública europea, la UE se enfrenta actualmente a la peor crisis de su historia. Ni tan siquiera los propagandistas de una Unión no-democrática que tradicionalmente han venido dominando la escena pueden ya ocultar la aguda crisis de legitimación que golpea al proyecto. Durante años el denominado "déficit democrático" se solventó como si se tratara de una cuestión secundaria de la integración. No lo es. Los ciudadanos europeos hemos perdido el control democrático sobre la política. No solo por la oligarquización partitocrática que ha conducido a la corrupción institucional. También porque el nuevo centro de decisión de la política en Europa se ha configurado conforme a un modelo que elude la democracia. Ahora que el malestar económico se generaliza se corre el riesgo de que la población dé la espalda a Europa y se emprenda una huida hacia nacionalismos de Estado. Hemos perdido demasiado tiempo. Mientras el mundo gira a gran velocidad, Europa permanece atascada en un modelo institucional que tiene más de medio siglo y que está pensado para un mundo que ya no existe. El formato supranacional ideado en los 50 ha dado lo que tenía que dar. Últimamente ha ido además deslizándose hacia intensos y preocupantes rasgos de intergubernamentalidad. Aún peor, parece cada vez más dependiente de la voluntad de un solo país (Alemania) y a merced del criterio de una figura política -Frau Merkel- que paradójicamente vivió hasta sus cuarenta años en una dictadura comunista fuera del espacio político de la UE.

A mi juicio, nos encontramos en una coyuntura política y temporal que debiera conducir a un cambio de modelo para establecer una Federación Europea con bases democráticas. Europa necesita contar con un gobierno europeo y los ciudadanos tenemos derecho a poder elegirlo y a orientar sus políticas. Evidentemente, las dificultades para establecerlo son enormes. Los Estados nacionales, patrimonio de camarillas políticas y económicas, no quieren renunciar a sus marcos de influencia y quienes pretenden acabar con el modelo social europeo están cómodos con el actual diseño. Manejando la antigua fórmula leninista de cuanto peor, mejor; una clase política al servicio de una ideología radical promueve una implacable agenda de destrucción social. En ese contexto, la falta de visión de las burocracias estatales y de las partitocracias políticas está resultando fatal. Se ha perdido una generación, 20 años, sin encarar la cuestión del modelo de democracia europea. Si convendría un modelo parlamentario o si no sería más útil un sistema mixto que implicara la elección directa por la ciudadanía de un presidente europeo que dirigiera el gobierno de la UE. Se trata de un debate que no se ha producido pero que resulta más necesario que nunca. Europa no se ha democratizado y su raquítico grado de integración comunicativa nos ha mantenido ocupados con cuestiones locales.

Es preciso un cambio. La democratización de la UE debe venir acompañada de la capacidad presupuestaria suficiente para poder desarrollar políticas sociales europeas. La lógica del mercado que sustenta la integración no debe ser utilizada como un caballo de troya. Los compromisos adquiridos por los estados miembros al suscribir los tratados y configurar un mercado común no equivale a una carta blanca para poder destruir la economía social de mercado que los Estados habían construido tras la II Guerra Mundial. Las denominadas libertades fundamentales comunitarias: libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales están al servicio de un proyecto de bien común o Commonwelth Europea, son un instrumento y no un fin en sí mismas. Resultan fundamentales para un proyecto integrador sustentado sobre una economía de mercado y una comunidad de derecho. Sin embargo, el radicalismo neocapitalista que se ha apoderado de la maquinaria europea pretende establecer un dominio de mercado ajeno al control político democrático. Los intereses de las finanzas internacionales y de las grandes corporaciones se han fortalecido al impedir la democratización de la UE y sujetar a los estados miembros a las decisiones de instituciones europeas que escapan a la voluntad y al control directo de los ciudadanos.

El próximo año se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos europeos debiéramos aprovechar la oportunidad para impulsar un debate que vaya configurando una red comunicativa transeuropea que conduzca a una reorientación del proceso de integración. Necesitamos un gobierno europeo sujeto a la elección y al control de la ciudadanía y que adopte sus decisiones económicas y políticas en un marco democrático. Es hora de terminar con un modelo que impone unas políticas de las que nadie se hace responsable. Debemos salir de ese laberinto institucional y establecer las bases de una república europea federal, social y democrática. La sociedad vasca y sus instituciones, en particular el Parlamento Vasco, deben impulsar un debate sobre Europa y el modelo de UE que queremos. Como esta crisis ha puesto en evidencia Europa está en el centro de la vida económica. Toca ahora situar a la UE entre las prioridades de la agenda política y reflexionar desde Euskadi sobre nuestro futuro como europeos. Bada ordua eta garaia.