Un esfuerzo colectivo

LA convocatoria por el lehendakari Iñigo Urkullu de una cumbre multipartita con todos los grupos parlamentarios y las principales instituciones del país no es sino la traslación a la práctica de Gobierno de la intención anunciada el último 6 de octubre, en su discurso de apertura de campaña en el BEC, cuando se aferró a la herramienta del diálogo y a la palabra "acuerdo" para hacer frente a lo que definió ya entonces como "emergencia nacional", definición que reiteraría tras ganar las elecciones en su discurso de investidura. Dicha traslación, además de concluir que aquel diagnóstico era acertado, supone asumir la responsabilidad que atañe al lehendakari para convocar a los agentes políticos e institucionales -también a los agentes sociales- y, en la medida de lo posible, diluir las lógicas diferencias ideológicas hasta conformar una base común que supere los intereses particulares en beneficio general. Lo que obliga a Urkullu a presentar un punto de partida preciso en sus objetivos -la recuperación económica, el impulso al crecimiento y la creación de empleo- y delimitado en sus ámbitos de actuación -fiscalidad, reducción del sector público y dotaciones de un plan de reactivación-, pero lo suficientemente abierto como para permitir a todas las fuerzas políticas participar en su concreción aun a riesgo de recibir alguna crítica, como las escuchadas ayer, por dicho motivo. Porque independientemente de la aritmética parlamentaria, que acota las posibilidades de alcanzar una mayor estabilidad y condiciona la formación de mayorías suficientes para dar a la dirección del país un sentido concreto, las necesidades socio-económicas de Euskadi llaman a un esfuerzo colectivo en el que deben implicarse todas las formaciones, desde la diferencia de planteamientos pero con coincidencia en el fin. Y, en ese sentido, la apelación a diferencias de criterio y a actitudes pasadas o incluso actuales en otros ámbitos de decisión para pretender explicar la no participación o, incluso peor, condicionar esta a la exclusión previa de otros no pueden entenderse sino como una burda coartada para no colaborar en la solución de los problemas que nos afectan a todos. Lo que vale tanto para los primordiales problemas socioeconómicos como para los aún pendientes respecto a la concepción de nuestro país.