Efectividad sindical mirando al 8 de julio

EL 1º de Mayo tiene su liturgia y, en Euskadi, viene marcada por la división sindical. La divergencia de posturas puede ser un activo de evolución si da lugar al contraste de las mismas pero los sindicatos vascos hace tiempo que dejaron de aspirar a hacer de sus diferencias un factor de impulso social. Ayer, al ya tradicional desencuentro de siglas escenificado en las calles vascas se sumó el de las prioridades y las estrategias sindicales.

ELA y LAB comparten convocatoria de huelga general pero no espacios comunes en la exhibición de militancia. En los discursos de Etxaide y Muñoz reverberaba el común denominador de esa convocatoria como mecanismo de acción prioritaria y herramienta de su demanda de transformación del modelo socioeconómico. Un discurso que requiere más que el enunciado insistente porque la demanda de ese cambio es legítima, pero su materialización requiere de un procedimiento sustanciado en las realidades del tejido económico vasco.

Euskadi es rica en experiencias de modelos de empresa, desde la pyme a la cooperativa, pasando por las sociedades laborales y el pequeño empresario autónomo. Todas con su dinámica de producción y de supervivencia ante la crisis y aquellas que mejor lo están haciendo se basan en el compromiso y el diálogo en busca de acuerdos. Anatemizar la flexibilidad interna o el referente salarial del IPC ha sido lo primero que dejaron de hacer aquellas que han mantenido el empleo. Empezando por las cooperativas, por decisión de sus trabajadores.

Al otro lado, CC.OO. y UGT ponían el acento en la negociación colectiva que está en disposición de reactivarse con la mediación del Gobierno vasco a través de un grupo de trabajo en el Consejo de Relaciones Laborales. En el horizonte, la urgencia de alcanzar acuerdos antes de que el 8 de julio la reforma laboral del PP se lleve por delante los convenios colectivos vascos no renovados. Hacer una huelga general contra un Gobierno y participar al tiempo en la herramienta propiciada por este puede no encajar en las dinámicas de confrontación, pero hay una apelación superior en términos de responsabilidad. Hay 300.000 trabajadores vascos cuyas condiciones laborales pueden empeorar desde el 8 de julio y merecen más que una respuesta dogmática.