LA decisión del Gobierno vasco de retirar el proyecto de presupuestos para 2013 que debía ser debatido en el pleno de mañana y de recurrir a la prórroga presupuestaria en vista del ya cercano debate (a partir de julio) sobre las directrices de los presupuestos para 2014 se puede considerar, como ha hecho de modo unánime la oposición, un fracaso. Sin embargo, atribuir exclusivamente al Ejecutivo la frustración en la posibilidad de dotar a la sociedad vasca de una herramienta presupuestaria más acorde con la realidad económica -y también política- que la aprobada para 2012 por la entente PSE-PP supone rehuir la responsabilidad que compete al resto de las fuerzas parlamentarias. Es innegable que corresponde al gobierno, en este caso al presidido por Iñigo Urkullu, encauzar la negociación de los Presupuestos y, en virtud de la aritmética parlamentaria, buscar los apoyos que necesita para sacar adelante sus Cuentas. No lo es menos, sin embargo, que dicha responsabilidad es reversible por cuanto también a la oposición corresponde considerar las virtualidades del proyecto, sus posibilidades de mejora y la capacidad para llegar a puntos comunes sin parapetarse tras posturas maximalistas que en esta ocasión han ofrecido tanta o más falta de voluntad que la que han pretendido achacar al Ejecutivo. Y para intuir en esas posturas razones meramente partidarias y alejadas del interés general basta recordar que ninguna de las fuerzas de la oposición ha llegado a esbozar una alternativa clara y alguna incluso se ha quedado en un rechazo general que ni siquiera ha creído necesario concretar en sus razonamientos. Dicho esto y roto el acuerdo tácito que proporcionaba desde hace un tiempo un suelo de estabilidad institucional a Euskadi -estabilidad, por cierto, a la que el PNV ha contribuido cuando y donde ha estado en la oposición-, parece lógico tratar de aprovechar la oportunidad de una posible relajación del déficit y, por consiguiente, de un nuevo techo del gasto; para tratar de profundizar en las coincidencias -por ejemplo, en el tema fiscal de cara a 2104- que sí se han alcanzado durante las conversaciones y, en cualquier caso, evitar en lo posible que este fracaso general acabe repercutiendo en las políticas públicas que hoy urgen a la ciudadanía vasca.