LA posibilidad de que el Gobierno que preside Mariano Rajoy esgrima el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones -tal y como se especifica en un documento entregado a la Comisión del Pacto de Toledo- para proceder a nuevas reformas, que podrían incluir la ampliación del cómputo de cotización a toda la vida laboral y el aumento de la edad legal para la jubilación más allá de los 67 años, presenta de origen una incongruencia con la realidad y no está lejos del contrasentido con la necesidad de incentivar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. La incongruencia es, sencillamente, cuestionar la sostenibilidad de un sistema que en los años más duros de la crisis apenas ha soportado un déficit del 0,06% del PIB (668 millones en 2011) y que cerró el pasado año con un fondo de reserva de 65.000 millones mientras, al tiempo, se dedica el 89,6% del mismo -más de 58.000 millones- a la compra de una deuda pública estatal a la que los mercados financieros ofrecen incierta garantía. El contrasentido es retrasar la edad de jubilación casi indefinidamente, impidiendo la renovación del mercado laboral cuando el desempleo está a punto de alcanzar el 27% de la población activa y afecta a más de uno de cada dos jóvenes -53,2%, según los últimos datos de Eurostat- y se pretende que desde Europa se implanten e impulsen medidas de activación del empleo juvenil. Y tanto una cosa como la otra, una incongruencia y un contrasentido, es que mientras el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, presenta todos estos análisis, la ministra de Empleo niegue tajantemente que el gobierno vaya a proceder a una nueva reforma de las pensiones o de las prestaciones de desempleo, ciñéndose, eso sí, a que no lo va a hacer en el Plan Nacional de Reformas que se aprobará en el Consejo de Gobierno de mañana, viernes. Negativa que, en cualquier caso, tiene visos de convertirse, siquiera en el medio plazo, en otro capítulo del constante incumplimiento de promesas por parte del Ejecutivo Rajoy y en una nueva incoherencia entre declaraciones y hechos: la de abogar por el fin de las políticas de austeridad y el fomento de políticas de crecimiento a la vez que se siguen trasladando en cada vez mayor porcentaje y a mayores capas sociales las consecuencias de la crisis.