LA actitud del Gobierno español ante la imputación por el juez José Castro de la infanta Cristina de Borbón a resultas de un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el caso Nóos y la alusión directa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, al posible perjuicio que dicha imputación causa a la imagen del Estado español en el exterior conforman una intrusión improcedente del Ejecutivo en una causa penal y desafían la igualdad ante la ley que se sustancia en el artículo 14 de la Constitución y que no se ve afectada por la inviolabilidad que el Título II confiere exclusivamente a la figura del jefe del Estado. La nada común oposición de la Fiscalía Anticorrupción -dependiente de la Fiscalía General y por tanto del Gobierno- a la imputación, contra la que hoy mismo presentará recurso, no hace sino abundar en ese sentido. Asimismo, la presencia ayer del heredero de la corona española, Felipe de Borbón, en el acto de entrega de despachos a los nuevos 231 jueces que se incorporan a la carrera judicial y su intervención apelando a la prudencia en tiempos complejos puede entenderse tan innecesaria como inoportuna salvo que se pretendiera sutil modo de presión a la judicatura y/o de preservar la figura del heredero de la corona de los escándalos que en los últimos meses han golpeado a miembros de su familia e interesado a altos funcionarios de la Casa Real. Pero, además, todo ello incide en alimentar las dudas sobre las actitudes e independencia del Poder Judicial, especialmente cuando desde diversos altavoces mediáticos se pretende fundamentar la imputación, en todo caso lógica desde el punto de vista procesal debido a la relación de Cristina de Borbón con los hechos juzgados, en el carácter o la edad del juez instructor; dando a entender que se trata de una excepción que confirmaría la inimputabilidad de los miembros de la monarquía en cualquier otra circunstancia. Unos y otros, al parecer, olvidan -o quizás todo lo contrario- que precisamente ha sido esa sensación de impunidad la que ha desembocado en actitudes como las que ahora se juzgan y que en los últimos tiempos han jalonado de escándalos a los principales representantes de una corona española de más que dudosa utilidad y carente, al parecer, de la altura ética exigible.