Aplíquese el cuento, señora Barcina

lA providencia de la juez Mari Paz Benito en la que cita como imputados al expresidente navarro Miguel Sanz; al exconsejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, y al actual alcalde de Iruñea, Enrique Maya, por el cobro de los sobresueldos opacos a costa de Caja Navarra (CAN) abre paso a un proceso judicial por presunto delito de cohecho, desvelado hace ya año y medio con la publicación de la existencia de una Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de la entidad, órgano sin cobertura estatutaria ni legal a través del cual se enriquecían sin control alguno los principales dirigentes de UPN. Independientemente de la presunción de inocencia que ampara a toda persona acusada -que los propios imputados devaluaron al adelantarse a devolver aquellos ingresos opacos-, la decisión de la jueza pone en entredicho todas y cada una de las excusas y estrategias que desde entonces han venido intentando para eludir tanto sus responsabilidades políticas como las posibles responsabilidades penales los cuatro miembros de aquella Comisión Permanente. También la actual presidenta, Yolanda Barcina, quien si no ha sido imputada aún es únicamente por el amparo especial que le otorga su condición de aforada. Es evidente, además, que si la investigación periodística del Grupo Noticias -y el posterior trabajo de grupos como Kontuz!, las denuncias de exdirectivos de la propia CAN como Riezu o López Merino o las denuncias ante el Banco de España o la Audiencia Nacional de Geroa Bai y UPyD-, no hubiera obligado a Barcina a cortar esa vía de enriquecimiento paralela al sueldo oficial, los cuatro hubieran seguido llevándose de CAN decenas de miles de euros. También es palmario, como demuestra el contenido de las actas de las reuniones dobles y triples, que el cobro de esos ingresos no tenía justificación real. E igualmente queda claro que el cobro de estos sobresueldos opacos no son comparables a las dietas -por muy poco que gusten estas a la sociedad-, pese a los intentos de Barcina por intentar convencer de que toda la clase política navarra hacía lo mismo. La instrucción esclarecerá el alcance de las responsabilidades judiciales pero, en cualquier caso, es insostenible ética y democráticamente la permanencia de un alcalde de Iruñea y de una presidenta de Nafarroa imputados y transmitiendo una penosa imagen de Nafarroa. Son palabras de la propia Barcina: "Todo imputado debe ser dado de baja en UPN y cesado en su responsabilidad". Toca aplicarse el cuento.