La exigencia de lo necesario

EL informe anual de actividad del Ararteko, que ayer fue entregado al Parlamento Vasco, no solo desvela las deficiencias constatadas en las relaciones de las administraciones publicas de Euskadi con los ciudadanos sino que también sirve para comprobar el ámbito de las inquietudes y necesidades prioritarias para la sociedad vasca, en esta ocasión delimitado por las incidencias de la crisis económica. Ese ámbito, que también debería configurar el de la preocupación y la responsabilidad principales de quienes gestionan la res pública vasca en todos sus niveles y que se refleja en las casi tres mil (2.943) quejas presentadas al Ararteko durante 2012 es en esta ocasión nítido: el de los derechos sociales y el estado de bienestar que se relaciona con ellos ya que más de seis de cada diez reclamaciones se originan respecto a las prestaciones, recursos y políticas públicas derivadas de las necesidades sociales y más de la mitad de ellas se ciñen a la educación, la sanidad, la protección social y la vivienda. Esa nitidez, por tanto, marca -o debería hacerlo- asimismo las prioridades de actuación en lo inmediato de las administraciones públicas, incluyendo en ellas a quienes desde la oposición llevan a cabo la labor de control sobre su gestión, y les obliga a extremar el celo en lo social, en la protección, mantenimiento y, si cabe, refuerzo de los servicios esenciales para evitar la desconsideración política de las mismas o que errores, premuras o análisis incompletos al tratarlas generen problemas y carencias añadidos al ciudadano. En otras palabras, para evitar que se repitan los "fallos" -en palabra del propio Ararteko- que durante la pasada legislatura se hicieron evidentes, por ejemplo, en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos una vez trasladada esa responsabilidad a Lanbide sin dotar al Servicio Vasco de Empleo de las herramientas pertinentes. Sin embargo, hacerlo, dotar a este y otros servicios de esas posibilidades de actuación, exige en la actual situación de crisis y disminución de recursos ir más allá de la imprescindible diligencia para adentrarse en el campo de la responsabilidad que la sociedad ha delegado en sus representantes, tanto en el caso de que se encuentren en la tesitura de gobernar como en la de supervisar que la acción de gobierno responda, precisamente, a las necesidades y exigencias de los ciudadanos.