El remedio y la enfermedad

EL acuerdo entre los representantes de la troika y el Gobierno de Chipre, por el que se cierra el segundo banco del país y se obliga a los poseedores de depósitos bancarios superiores a los cien mil euros garantizados por ley a aportar 4.200 millones, altera los cánones por los que se había regido la Unión Europea al afrontar los sucesivos riesgos de bancarrota de los sistemas financieros nacionales de algunos de sus miembros. Esto es, la UE ha cerrado el grifo de las recapitalizaciones directas utilizado -a costes altísimos, eso sí- con los sistemas financieros de Grecia, Irlanda, Portugal o España, que ya de por sí presentaban sensibles diferencias, y lo ha hecho ante el riesgo de que otras economías de sectores bancarios inflados como Chipre (Luxemburgo, sin ir más lejos) presenten crisis similares que, a través de las aportaciones al fondo de rescate permanente, sangraran a las principales -y nada boyantes- economías europeas, con Alemania a la cabeza, lógicamente. De ahí el empeño de la canciller alemana, Angela Merkel, implicada ya en la contienda electoral; y la advertencia del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, respecto a que el caso chipriota es un precedente que no es posible descartar que se aplique a otros países, convirtiendo el remedio en enfermedad que a última hora de ayer provocó una peligrosa volatilidad financiera. Chipre, por su parte, podía haber optado asimismo por una solución a la islandesa -realmente el problema de ambos ha sido el mismo- que no ha dado malos resultados en aquel país, pero sus autoridades tampoco han querido renunciar a un sistema financiero que, junto al turismo y a la espera de las posibilidades de explotación gasística, es prácticamente su única fuente de ingresos, por otra parte conocida por los líderes de la UE cuando permitieron la entrada en la Unión del paraíso fiscal del que ahora reniegan. Los mismos líderes que han mostrado una incapacidad solo comparable a su temeridad cuando, tras barajar otras opciones y sin percartarse de las posibles consecuencias inmediatas, han razonado sin más base que una posible bancarrota que ya encararon otros países, que en Chipre (y en el futuro) no pueden cargar a los contribuyentes -"como en los casos de Irlanda o España", en palabras de Dijsselbloem- las consecuencias de los riesgos del sistema financiero.