LA estrambótica afirmación del ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, de que si la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto a la denominada doctrina Parot es contraria a los intereses del Gobierno -que, como es obvio, no coinciden con el interés general que debería perseguir su acción-, lo que harían será activar la "ingeniería jurídica", no es en absoluto una boutade. Tiempo habrá de comprobarlo. Ejemplo de ello es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene su idea -que ha sido compartida también por los gobiernos socialistas- de que la política penitenciaria es parte de la política antiterrorista, una filosofía que a buen seguro causará estupor en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Durante años -y aún ahora-, las autoridades españolas han mantenido que lo que tienen que hacer los presos de ETA para cambiar su situación penitenciaria -dispersión incluida- era arrepentirse de los crímenes que han cometido y reconocer a las víctimas el daño causado. En esa línea, en principio, parecía que iba el plan de reinserción activado hace casi un año por el Gobierno, un plan que podría haber dado algún resultado si se hubiese tenido cierta mano izquierda pero que se ha revelado como un absoluto fracaso. La idea del ministro era, claramente, acabar con la denominada Vía Nanclares, a la que se han acogido algunos presos críticos con ETA que se han desvinculado de la organización -y han sido expulsados de ella- y que han dado pasos muy positivos hacia una revisión crítica del pasado y de la utilización de la violencia, en favor de la reconciliación y la solidaridad y el acercamiento hacia las víctimas. El Ejecutivo, sin embargo, sigue haciendo gala de un desprecio inmerecido hacia estos reclusos. Ahora, ha vuelto a oponerse, como ya hiciera el año pasado con otros casos y en contra del criterio profesional y con conocimiento directo del terreno de las juntas de tratamiento de la prisión, a la concesión del tercer grado de Iñaki Rekarte, Kepa Pikabea y Aitor Bores, históricos miembros del grupo crítico con ETA. Es probable que el Gobierno de Rajoy busque únicamente hacer un guiño a las asociaciones de víctimas y a los sectores más duros de su propio partido, pero ahogar esa vía -el eslabón más débil- no servirá para cambiar la realidad. Su inhumana política penitenciaria no dará un solo fruto positivo.