La contabilidad recorta derechos

LA aprobación por el Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy de una nueva reforma de las pensiones -la tercera en menos de dos años si se contabilizan las afecciones al sistema incluidos en la reforma laboral- mediante un decreto ley de denominación (Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de las trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo) tan extensa como cínica, supone en realidad la desaparición del derecho a la jubilación anticipada y la jubilación parcial para la totalidad de los trabajadores menores de cincuenta años. Y lo hace con la contabilidad, es decir, el déficit; como único argumento para eliminar derechos laborales adquiridos durante décadas a pesar de que el ahorro previsto en los próximos quince años es, sin ir más lejos y por ejemplo, poco más de una décima parte de la cantidad ya destinada al rescate bancario o una nanogésima de la deuda pública que el propio Mariano Rajoy atribuyó ayer a "facturas en el cajón", es decir, a la mala gestión de las administraciones públicas en su mayor parte. Cierto es que los actuales procedimientos en vigor de jubilación anticipada y parcial han sido largamente explotados más allá de los límites para los que se concibieron, que el 50% de las prejubilaciones corresponde a parados de más de 50 años y que la mitad de las nuevas jubilaciones que en la actualidad se producen son de menores de 65 años. Y puede entenderse lógico que, en vista de todo ello, el Gobierno Rajoy pretenda acotar y corregir esa masiva utilización, pero el control nunca debe incluir la eliminación general de derechos -incluyendo los de aquellos que han contribuido al sistema durante las dos últimas décadas en cumplimiento de las condiciones que este presentaba- que traslada una vez más la responsabilidad de hacer frente a las penurias económicas del Estado a la mayoría social que no ha contribuido a su insostenibilidad. Tampoco a la del sistema de pensiones. Y el hecho de que la nueva normativa se apruebe por decreto-ley, fórmula que pese a ser profusamente utilizada por el Gobierno del Partido Popular sigue siendo excepcional, y lejos de cualquier intento de consenso con otras fuerzas y agentes sociales, no hace sino confirmarlo.