La Euskadi que hay

LA apelación del lehendakari Iñigo Urkullu al "realismo" de partidos y agentes sociales ante una crisis que, como la que afecta a Euskadi tiene aún su horizonte y límites por definir, no es sino la constatación de la incomodidad -y en ocasiones los efectos negativos- que producen los intentos de contemplar la situación a través de prismas que, conscientemente o no, parecen querer inclinar la balanza de las medidas hacia su utilidad para una posición determinada, sea económica o ideológica, sin percibir que ello condiciona sus efectos sobre el interés general. Y no se trata de cuestionar las iniciativas y las aportaciones de unos y otros, mucho menos de limitar su capacidad crítica y de control, pero sí de solicitar a todos, incluido el gobierno que Urkullu preside, que hagan gala de la mayor flexibilidad y adaptación posible ante las circunstancias de esta Euskadi que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de encaminar hacia la salida de la crisis. Circunstancias que los ciudadanos perciben -y sufren- en toda su extensión en el día y día y que, precisamente por ello, empresarios y sindicatos conocen más allá de sus propias inquietudes, hasta alcanzar las del otro; circunstancias de las que también los partidos de la oposición se percatan porque, entre otros motivos, las padecen en otras instituciones o incluso las han padecido hace apenas meses en el mismo Gobierno, aunque no actuaran entonces con la rotundidad que la situación exigía y que quizás hubiese contribuido a permitir ahora otro tipo de ejercicio. Porque la realidad es que el Ejecutivo que preside Urkullu contará con un 11% (1.200 millones) menos de presupuesto que el gobierno que le ha precedido -9.220 millones frente a los 10.449 de 2012- pero también muy por debajo de los 10.459 de 2011, los 10.315 de 2010 y los 11.274 con que se encontró Patxi López al acceder al gobierno en 2009. Como es real que tendrá el techo de gasto más reducido del último lustro pero deberá esforzarse en mantener servicios cuya denominación habría que matizar para distinguir entre los que en épocas de bonanza se consideran básicos y los que en época de crisis son intocables por esenciales, servicios que se llevan el 73% (6.700 millones) del presupuesto. Es lo que hay. Y comprenderlo, incluso desde el máximo rigor crítico con el Gobierno, es el primer paso hacia la recuperación.