EL 20 de febrero de 2003, efectivos de la Guardia Civil procedieron, por orden de Juan del Olmo, juez de la Audiencia Nacional, a la clausura temporal y el embargo de bienes de Euskaldunon Egunkaria. La operación, desplegada con todo tipo de recursos y jaleada desde ámbitos mediáticos españoles, respondía a informes de la propia Guardia Civil, no contrastados por el juez, que situaban al diario en euskera como parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. La clausura temporal y el embargo preventivo decretados por seis meses serían luego renovados sucesivamente hasta el 20 febrero de 2005, dos años exactos después, tras forzar la liquidación de la empresa e imposibilitar su vuelta a la actividad. En la misma operación fueron detenidas diez personas, la mayoría directivos de Egunkaria, a los que se mantuvo bajo incomunicación. Tras su puesta en libertad, la mitad de ellos presentaron denuncia por torturas. Solo una, la interpuesta por el director del rotativo, Martxelo Otamendi, logró un limitado recorrido judicial. Y, finalmente, fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo quien condenó más de nueve años después, el 16 de octubre de 2012, al Estado español por no investigar los supuestos malos tratos denunciados y violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hacía dos años y medio que el 12 de abril de 2010, siete después de la operación policial y las detenciones, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvía a los últimos imputados con una sentencia que resultaba esclarecedora por su dureza contra la investigación policial y el procedimiento llevado a cabo por el juez Del Olmo y que tildaba el cierre de Egunkaria como "injerencia en la libertad de prensa". Y es preciso refrescar hechos y cronología porque una década después aún queda por dilucidar parte del denominado procedimiento económico del caso y ninguno de los gobiernos -los de Aznar, Zapatero y Rajoy- que han dirigido el Estado español en dicho periodo han procedido a resarcimiento alguno ni tan siquiera han admitido el carácter arbitrario y alegal de una actuación que vulneró gravemente derechos fundamentales y constituyó un ejemplo de la impunidad con que el Estado se ha desempeñado en ocasiones en Euskadi.