EL mal llamado Debate sobre el estado de la Nación -en todo caso debería denominarse Debate sobre el estado del Estado debido a la plurinacionalidad de este- que alcanzará hoy su vigesimosegunda edición en el Congreso de los Diputados, primera con Mariano Rajoy al frente del gobierno, será sin duda incapaz de trasladar mediante la dialéctica parlamentaria el nivel de la enorme crisis social, política y económica que corroe a las principales instituciones y estructuras que lo sustentan (o apenas lo sujetan). Las enormes dificultades económicas, con la deuda pública -estatal y autonómica- disparada hasta límites que para un ciudadano supondrían la amenaza de desahucio, el déficit aún por corregir pese a los últimos datos que, sin lugar a dudas, esgrimirá Rajoy casi como único avance; la destrucción incontenible del tejido económico público y privado, el récord histórico de los seis millones de desempleados y la pérdida de derechos atribuidos al estado de bienestar cuestionan la fiabilidad del Estado español para responder a la responsabilidad que se atribuye a (y se exige de) toda unidad política de soberanía: responder a las necesidades de sus ciudadanos. Si a ello se añade el abrumador cuestionamiento social de sus principales referencias políticas, sea en cuanto a sus principales partidos como depositarios de la representación democrática como en cuanto a quien a través de la monarquía ostenta la jefatura del Estado debido a actitudes relacionadas o envueltas en evidentes corruptelas surgidas de los entresijos del poder; se deduce que las actuales estructuras del Estado español tampoco son capaces de responder a todas las exigencias éticas que alumbraron, desarrollaron y extendieron las administraciones democráticas a lo largo del pasado siglo. Y si además el propio Estado -y sus ejecutivos- deslegitiman mediante legislación básica y procesos involucionistas y recentralizadores el espíritu de pluralismo y pacto que acompañó la transición, pervirtiendo de facto el modelo que surgió de aquel consenso; cabe deducir que el Debate sobre el estado del Estado solo puede concluir que este, entendido como representación del welfare state y compendio de bienestar, capitalismo y democracia, se halla en situación crítica y precisa de una completa reconsideración.