CADA vez que un ministro español, sea del ramo que sea, se propone acometer una reforma "amplia" o "profunda" dentro de su área de competencia, tal y como está haciendo el Gobierno del PP, cualquiera que defienda aunque sea mínimamente el autogobierno vasco se echa a temblar. Es igual que afecte a la Educación (la Lomce o ley Wert), a la Justicia, la Sanidad o, simplemente, la Acción exterior que busca eliminar la representación que no sea la del Estado o, la más reciente, a la Administración Pública. El Ejecutivo popular siempre pisa en terreno que no le corresponde. La obsesión centralizadora, la recuperación de competencias sin miramientos, el intento de control férreo de cuanto aún no está bajo su autoridad o dominio, la uniformidad, en definitiva, son una constante en la acción de gobierno de Mariano Rajoy. Esta obstinación se ha visto de nuevo corroborada con el informe del anteproyecto de la reforma de la Administración local aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y que ha sido remitido al Consejo de Estado como trámite previo para su posterior debate y aprobación en las Cortes Generales. Hay que resaltar que durante este periodo hasta su visto bueno definitivo caben modificaciones a los planteamientos iniciales, si bien, visto el comportamiento habitual del rodillo popular, poco cabe esperar en ese sentido. El proyecto -del que únicamente se conocen sus líneas maestras desgranadas por el ministro Cristóbal Montoro- tiene, evidentemente, un carácter general. Algo que, aunque en principio pueda ser lógico, puede -y de hecho, lo hace- obviar y hasta transgredir realidades y competencias propias del autogobierno vasco que en modo alguno se contemplan. La intención del Gobierno español con esta reforma local es conseguir un ahorro de 7.000 millones de euros en tres años, objetivo loable si se hace con criterios de eficacia y, sobre todo, con consenso. Porque, en realidad, la reducción o eliminación de sueldos de concejales que tanto ha llamado la atención no es sino un señuelo (supone un ahorro cercano al 2% del total) para desviar la atención sobre la realidad de la reforma. Los municipios vascos y, sobre todo, las Diputaciones forales tienen competencias y realidades muy distintas a los de régimen común. El Gobierno está obligado no solo a reconocerlo formalmente sino a respetarlo e, incluso, a defenderlo.
