Del debate fiscal
El análisis y, en su caso, mejora del modelo para asegurar su suficiencia debe proteger los principios de equidad y progresividad y respetar las exigencias de certidumbre y equilibrio que han ofrecido hasta ahora estabilidad y cohesión social
EL pleno sobre fiscalidad celebrado ayer en el Parlamento Vasco sirvió para constatar, por un lado, puntos comunes en la conveniencia de analizar y, en su caso, modificar el sistema tributario vasco y, por otro, las diferencias que complican dicha modificación. La primera de ellas, la que separa a quienes cuestionan el actual modelo entroncado en el sistema foral de quienes defienden que los problemas no residen en dicho modelo sino en la caída de recaudación consecuencia de la crisis económica y que, en todo caso, sería el modelo económico el que debe modificarse o, dependiendo del prisma ideológico desde el que se contemple, perfeccionarse. Dicha diferencia no es baladí por cuanto la competencia para la modificación de la fiscalidad no radica en el Parlamento Vasco, sino que lo hace en las Juntas Generales y las diputaciones de cada territorio y que, por tanto, cualquier modificación deberá consensuarse en el Órgano de Coordinación Tributaria salvo que se pretenda una reforma previa y mucho más profunda del entramado institucional vasco que necesitaría de un amplísimo consenso político y social, no en vano se ha demostrado más que acertado y propicio para el desarrollo económico y el bienestar social durante décadas. Ello no quiere decir, sin embargo, que no se pueda o deba analizar y mejorar el modelo fiscal para, sin hacer peligrar los principios de equidad y progresividad que le otorgan capacidad redistributiva, hacerlo suficiente en sus funciones de asegurar la inversión y el impulso económico y al tiempo los servicios que ofrecen las instituciones públicas para cubrir las necesidades sociales. Pero debe hacerse también de acuerdo a dos parámetros esenciales, el de certidumbre y el de equilibrio. Certidumbre para evitar la inestabilidad que proporcionaría a instituciones y agentes socio-económicos un modelo fiscal permanentemente revisable y en consecuencia dependiente de los vaivenes económicos -o incluso políticos- y equilibrio para que no se produzca una descompensación de los contrapesos que hasta la fecha habían funcionado para convertir a nuestro país en un ejemplo de cohesión social. Y todo ello recomienda responsabilidad política para apartar el debate de los intereses particulares y para no apresurarlo debido a condicionantes temporales.