Recálculo de responsabilidades

LA reunión del Consejo Vasco de Finanzas, la diligencia de las partes y, como resultado, el acuerdo entre el Gobierno Vasco y los tres ejecutivos forales, junto con Eudel, respecto al cierre de los ingresos fiscales en 2012, las aportaciones de las diputaciones y el Fondo General de Ajuste apuntan a un cambio de clima en las relaciones institucionales y políticas que se antoja imprescindible para situar las bases del relanzamiento económico. Con Euskadi instalada todavía en su segunda recesión en tres años, tras constatar una caída en la recaudación de las haciendas vascas (11.408 millones, 700 menos de lo previsto) durante el pasado ejercicio y coincidiendo con la publicación por el Eustat de unos datos económicos no por advertidos menos preocupantes -una caída de la actividad económica del 1,2% y la destrucción de 23.000 empleos el pasado año-, se adivina sin embargo una pax inter institutiones que se puede entender respuesta a la solicitud pública en ese sentido efectuada por el lehendakari Iñigo Urkullu nada más llegar a Ajuria Enea pero también al caldo de cultivo creado con la retirada por el Gobierno vasco de la propuesta de revisar al alza -el famoso "recálculo"- los ingresos previstos para 2013 con el fin de aparcar diferencias que son evidentes en la compleja pluralidad política de las diferentes instituciones vascas y en los diversos acuerdos presupuestarios que se han formalizado en cada una de ellas. Esa misma pluralidad política y su compleja traslación a mayorías en el Parlamento Vasco obliga, sin embargo, a contemplar con prudencia el horizonte de una posible aprobación de los presupuestos de la CAV para 2013, aunque también a exigir previamente de las partes implicadas el mismo juicio y moderación mostrados por el Ejecutivo Urkullu con la retirada de la revisión de ingresos. No entenderlo así y tratar de aprovechar interesadamente la carencia de compromisos institucionales o el hecho de haber encauzado la aprobación de las cuentas propias, más allá de las lógicas y seguras discrepancias parciales respecto a los planteamientos del Gobierno, supondría cometer la irresponsabilidad de ignorar las necesidades socioeconómicas del país por priorizar el rédito político particular frente a los intereses generales.