EL forzado apoyo del Grupo Popular en el Congreso a la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca evita que el cuestionamiento a que están sometidos el PP y su gobierno pudiese afectar a la consideración de la actividad parlamentaria como representación y cauce de las inquietudes de la sociedad. No solo porque el apoyo a la ILP, que defiende entre otras modificaciones de la ley hipotecaria la inclusión de la fórmula de la dación en pago, está contrastado incluso entre los propios votantes del PP, sino también porque llega al Congreso avalada por 1.402.854 ciudadanos, casi tres veces lo exigido por el art. 87.3 de la Constitución. Es cierto que el PP hubiese podido esgrimir, como pretendía, el art. 5.2.d de la Ley Orgánica 3/1984 de regulación de la Iniciativa Legislativa Popular que contempla "la previa existencia en el Congreso o el Senado de un proyecto o proposición de ley que verse sobre el mismo objeto" como motivo de inadmisión de la iniciativa; pero no lo es menos que al hacerlo hubiese ignorado la justificación explícita de esa ley en el art. 9,2 de la Constitución que exorta a los poderes públicos a "facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política". También la coincidencia básica de planteamientos entre la Iniciativa Legislativa Popular y las enmiendas de la oposición al proyecto de ley que pretende el Gobierno, así como con las propuestas del Consejo General de la Abogacía y las posturas de la magistratura. La inadmisión de la ILP hubiese constituido, por tanto, un abuso de la mayoría absoluta que los ciudadanos otorgaron al PP en las últimas elecciones para desdeñar, aun conociéndola, la verdadera voluntad de la sociedad, con el agravante de las dramáticas situaciones a las que ha llevado la combinación de la crisis económica y la legislación en vigor. Y dicha actitud, en un momento de exasperación social ante los escándalos que golpean al PP y su gobierno, hubiera supuesto otra flagrante e insostenible minusvaloración del Parlamento, ya achacada a Rajoy por la no presentación a debate de los recortes y ajustes mientras estos se debatían en otras cámaras europeas o, sin ir más lejos, el oscurantismo censor que rodeó, ayer mismo, la decepcionante comparecencia del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ante el Congreso.