Impunidad y exención moral

LOS últimos aspectos conocidos en torno a los denominados caso Bárcenas y trama Gürtel, el tancredismo del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante las evidencias de que uno de los miembros de su gabinete, la ministra de Sanidad Ana Mato, habría sido beneficiaria directa de la citada trama; la falta de reacción del Partido Popular a la exigencia de depuración de responsabilidades políticas -dos de los imputados, el propio Bárcenas y el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, han seguido trabajando para el partido-; la obstinación del PP en impedir que se debata e investigue sobre el caso en sede parlamentaria, el detalle de que todas las filtraciones se centren en los pagos realizados por el PP y no en el verdadero quid de los ingresos por millonarias donaciones de empresas... dan a entender que también el mayor escándalo de corrupción política de las dos últimas décadas podría finalizar en un escenario de impunidad. Y no porque los únicos documentos esgrimidos, la supuesta contabilidad B publicada por un medio de comunicación, sean fotocopias sin validez probatoria en un juicio ni porque los posibles fraudes fiscales hayan resultado prescritos o amnistiados por una ley de nuevo cuño que se diría ad hoc. O no únicamente. Sin embargo, ese previsible escenario que pretendería ampliar al gobierno del Estado y al partido que lo sustenta el principio de irresponsabilidad que ya la Constitución (y la práctica) atribuye al rey -cuya Casa Real está inmersa en otro affaire de similares proporciones y hasta con algún protagonista común- supondría dar (aun más) sustento a la exención moral del ciudadano frente a las obligaciones que el Estado le demanda. Porque ¿cómo explica un gobierno que sus miembros, o miembros del partido que lo sustenta, se enriquecen gracias a una economía paralela que no contribuye al bien común al tiempo que demanda esfuerzos de los ciudadanos que sí contribuyen al mismo? ¿Cómo exige que no se intente forzar, eludir u obviar la ley quien a su vez la ha forzado, eludido u obviado, quien ha permitido a otros hacerlo? ¿Con que autoridad, más allá de la mera fuerza represiva, reclama un gobierno deberes que él mismo ha incumplido? Y, en dicho caso, ¿podría mantenerse un minuto más ese gobierno?