LA comparecencia del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ante la comisión parlamentaria correspondiente para exponer las líneas generales de actuación de su departamento durante esta legislatura ha servido para situar la realidad socioeconómica y también al gobierno en el complicado equilibrio entre las necesidades de la sociedad vasca y las posibilidades con que cuenta para hacerles frente. Con la dificultad añadida de tratar de mantener el grado de compromiso y calidad que en las últimas décadas han situado a Euskadi en los primeros niveles de cohesión social y desarrollo humano cuando la proporción de hogares con dificultades cotidianas se ha duplicado -del 11,4% en 2008 al 24,5% en 2012-, la afección de la pobreza ha pasado en el mismo periodo del 3,6% al 5,3% de la población vasca y la capacidad presupuestaria del Gobierno vasco se ha visto reducida respecto al anterior ejercicio en nada menos que 1.200 millones de euros. En esta situación de mayor necesidad y menor posibilidad, el compromiso de no traspasar las denominadas "líneas rojas" planteadas por el Ejecutivo Urkullu conlleva una estricta selección del orden de prioridades que, sin embargo, no atente contra los dos principios fundamentales de las políticas sociales, la universalidad de los servicios y la igualdad en la prestación de los mismos. Y ello implica una perfecta utilización de los recursos -incluyendo entre ellos tanto la mejora de la fiscalidad como la prevención del fraude- y las herramientas de que el Gobierno y la sociedad se habían venido dotando. Así, centrar los necesarios ajustes en el área de Vivienda o racionalizar la nada lógica centralización de servicios dispares en Lanbide lleva implícito el intento de mantener las ayudas sociales al tiempo que se rebaja el lapso de respuesta y, por tanto, se mejora la percepción ciudadana de la atención dispensada. Y debe permitir también dedicar el servicio vasco de empleo -con la sempiterna reclamación al Estado de las políticas pasivas que le competen- al que debe ser su objetivo principal, la intermediación laboral, en un periodo de recesión y de caída (-7,7%) de la actividad industrial, que en Euskadi constituye el principal nicho de empleabilidad o, lo que es lo mismo, el cauce por el que revertir el hoy condicionado ratio de urgencias y capacidades.