LA aparición de supuestas pruebas documentales de una contabilidad interna no declarada mantenida durante 19 años -de 1990 a 2009- por el PP, que incluye ingresos opacos provenientes de empresas y particulares y pagos en metálico a prácticamente toda la cúpula del partido, incluyendo quien es hoy su presidente y presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, exige mucho más que el silencio de este y la negación de la evidencia que pretendió entonar ayer el Partido Popular. Que los secretarios generales del PP y muchos de los ministros de los gobiernos populares -Rato, Acebes, Arenas, Álvarez Cascos, Mayor Oreja, Trillo...- o la misma secretaria general actual y presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, aparezcan junto a muchos otros dirigentes del PP en el listado de quienes cobraron, con mayor o menor regularidad, miles de euros -que no se sabe si fueron declarados a Hacienda- provenientes de donaciones y entregas de dinero tampoco declaradas y en casos provenientes de empresas que han logrado suculentos contratos con la administración, demanda exactamente aquello que la propia De Cospedal reclamó al conocerse que el ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas, había guardado 22 millones de euros en una cuenta suiza: que cada palo aguante su vela. Y eso se traduce en la asunción de responsabilidades, personales y partidarias y la incompatibilidad con el desempeño de cargos públicos, sea cual sea la relevancia de estos. Porque ni la sociedad ni la justicia -en este caso el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, como competentes en la materia- pueden ni deben permanecer inactivos o expectantes ante la mera posibilidad de que la formación que dirige el Gobierno del Estado haya incumplido reiteradamente la ley de financiación de partidos, defraudado repetidamente durante casi dos décadas a la hacienda pública y, en consecuencia, engañado constantemente a los ciudadanos, a quienes además ha obligado a innumerables sacrificios. Tampoco ante las personas físicas que han cometido fraude fiscal y que, aun si este no alcanza la consideración de delito o ha prescrito, han roto la norma básica de la democracia, la de la confianza que una sociedad que ahora se sabe engañada depositó en las urnas. Efectivamente, que cada palo aguante su vela.
