LA creación de una Secretaría General de Paz y Convivencia, su situación dentro del ámbito de Lehendakaritza y la composición de la misma, con la presencia de Jonan Fernández, Mónica Hernando y Txema Urquijo, aporta la virtualidad de ofrecer rango, respuesta y responsabilidad institucional al que sin duda es el objetivo político principal de la legislatura (y en lo social mayoritariamente admitido): dirigir el tiempo presente de ausencia de violencia a un futuro de tolerancia, entendimiento y coexistencia normalizada. Aporta también, en su propia configuración, los perfiles necesarios para dar respuesta a las diferentes susceptibilidades -muchas veces exacerbadas por los efectos de la violencia durante décadas- que presenta un diálogo que, por eso mismo, aun posee numerosas y complicadas aristas en nuestros país. El liderazgo del lehendakari Urkullu, que hace evidente la asunción de esa responsabilidad en primera persona al situar la secretaría en su más directa área de influencia, supone también la confirmación de que si el Parlamento Vasco, ya con todas las sensibilidades en su seno, es el ámbito en que desarrollar dicho diálogo a través de la creación y puesta en marcha -superando las actuales reticencias- de la ponencia de Paz y Convivencia; es al gobierno al que compete encauzarlo. Y es en esa competencia en la que la secretaría general deberá limar distancias y buscar complicidades para que la sociedad vasca, y sobre todo sus extremos, sean capaces de admitir y poner en práctica una revisión crítica del pasado propio que sirva para de momento tolerar y quizás llegar a comprender la reconsideración de actitudes ajenas, consolidando así, desde el consenso político e institucional, no ya la renuncia a la violencia sino la paz definitiva. Solo bajo esas premisas, que afectan e incumben a Parlamento y Gobierno, obligados a responder al deseo de toda la sociedad, Euskadi logrará estandarizar los niveles de convivencia y comprensión necesarios para su afianzamiento como sociedad preservadora de los derechos y valores humanos en lo político, pero en consecuencia también en lo social y económico. Niveles que son al tiempo imprescindibles para dar respuesta, en la medida de lo posible, a lo que se ha venido a denominar por los dos extremos como consecuencias, siquiera indeseadas, del aún reciente conflicto.